Mateo Lasala
Faltan pocos días para que el nombre del Virrey Toledo sea borrado definitivamente del nomenclador callejero de Salta. Pero si no se hubiesen cruzado los astros a tiempo, es casi seguro que el indomable espíritu vengativo de los concejales oficialistas de Salta habría conseguido también echar por tierra la efigie de Toledo, la misma que con una cierta arrogancia mira a los transeúntes circular por el corazón de la ciudad desde su inconmovible pedestal de granito.
La precipitada reacción del gobierno de Urtubey a la agresión que miembros de la Policía de Salta perpetraron contra el deportista Gerónimo Saravia, pensada en principio para transmitir a la ciudadanía una falsa sensación de tolerancia cero hacia los excesos policiales, ha tenido sin embargo el efecto opuesto.
El vicepresidente primero del Senado provincial de Salta, Mashur Lapad, finalmente ha prestado declaración, por escrito, en la causa penal que investiga la posible comisión de un delito de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública y de otro de defraudación. Los hechos investigados están relacionados con la firma de un decreto por el que el gobierno de Romero cedió gratuitamente, a finales de 2007, una fracción de terrenos públicos a una empresa de propiedad de familiares del exgobernador.
A estas alturas de la velada no está muy claro si los métodos de la Policía de Salta bajo el gobierno de Juan Manuel Urtubey son en realidad métodos democráticos y ajustados a los estándares mínimos en materia de respeto de los derechos humanos, o si, por el contrario, el Gobernador de Salta comanda una "policía brava" que nada tiene que envidiar a la de los conservadores de los años treinta o la de los militares de los años sesenta y setenta.
Antes de caer rendido a los pies de la burguesía, el veterano presidente de la Cámara de Diputados de Salta y genearca de un extendido clan de políticos en ciernes, era un revolucionario en toda regla.
Ningún funcionario de la Administración se atrevería a invocar por escrito una orden verbal del Gobernador de la Provincia si esta orden efectivamente no hubiera existido. Es necesario ser muy estúpido para inventarse de la nada una orden del Gobernador cuyo contenido agravia la dignidad y la libertad de conciencia de los empleados públicos, pero hay que ser muchísimo más estúpido para poner por escrito una orden manifiestamente ilegítima.
En pocos días, la abogada Gabriela Buabse, exfuncionaria de la Corte de Justicia y protegida del Procurador General de la Provincia, dejará su cargo de directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta, que estrenó hace solo dos años, para asumir su nuevo cargo de Fiscal Penal.
Si ya cuesta bastante creer que ese hombrecito de sombrero verde y apariencia insignificante sea el mismísimo Gobernador de la Provincia de Salta (archimillonario y todopoderoso), mucho más difícil es creerse que quien lo ayuda a sujetar un soberbio ejemplar de dorado recién extraído de nuestras feraces aguas sea un magistrado del más alto tribunal de justicia provincial.
Por si alguien todavía albergaba alguna duda al respecto, ha quedado demostrado recientemente que esa fuerza política amorfa llamada justicialismo es un movimiento verdaderamente «monolítico».
Desde su aparición en el siglo XVII, los partidos políticos han tenido como misión fundamental la de asegurar la representación en las asambleas deliberantes de origen electivo, típicamente mediante la nominación de candidatos a los cargos públicos.