Ningún funcionario de la Administración se atrevería a invocar por escrito una orden verbal del Gobernador de la Provincia si esta orden efectivamente no hubiera existido. Es necesario ser muy estúpido para inventarse de la nada una orden del Gobernador cuyo contenido agravia la dignidad y la libertad de conciencia de los empleados públicos, pero hay que ser muchísimo más estúpido para poner por escrito una orden manifiestamente ilegítima. Hablamos del famoso Memorándum Nº 13/2012, del Ministerio de Trabajo de Salta, firmado por un señor llamado Luis González Campos, y que ha sido redactado para informar a la totalidad del personal de aquel departamento de Estado que deberá asistir a un acto político en un día domingo, inhábil administrativo y dedicado al descanso semanal de los trabajadores, con la muy estúpida advertencia de que la concurrencia a dicho acto será registrada en planilla de asistencia.
Es muy evidente que, más allá de la inexcusable ingenuidad del funcionario que firma el memorándum, la orden de obligar a los empleados públicos a acudir a un acto que viola sus derechos laborales y lesiona sus libertades fundamentales solo puede haber partido del gobernador Urtubey en persona.
Es muy claro también que al Gobernador no se le supone tan ingenuo como para transmitir semejante orden por escrito, y que la misma llegó al Ministerio de Trabajo, probablemente, por conducto del Ministro del área, que ahora deberá explicar al público y al clero por qué la cartera a su cargo -que tiene la misión legal de tutelar los derechos de las personas que trabajan- los viola de una manera tan descarada.
La "orden", en sí misma, es denigrante, no solo de la investidura del Gobernador (absolutamente impropia del jefe de una Administración democrática), sino de la propia persona de los trabajadores convocados a asistir so pena de inasistencia injustificada. Nadie está obligado a rendir reverencia a los Derechos Humanos o a aplaudir al gobierno que dice defenderlos; nadie puede ser compelido a ello sin que al hacerlo se lesione gravemente su libertad de conciencia y la de expresar sus ideas.
Queda claro que, de haber vivido en 1952, Urtubey hubiera obligado a los salteños de cualquier signo partidario, de cualquier religión, de cualquier ideología, de cualquier edad y de cualquier sexo, a portar luto por el fallecimiento de Eva Perón.
No importa que hayan pasado 60 años. Todavía los salteños podemos ser obligados a rendir pleitesías indeseadas, y a reír o a llorar con las penas y alegrías del nuevo Jefe Espiritual de la Nación.