La precipitada reacción del gobierno de Urtubey a la agresión que miembros de la Policía de Salta perpetraron contra el deportista Gerónimo Saravia, pensada en principio para transmitir a la ciudadanía una falsa sensación de tolerancia cero hacia los excesos policiales, ha tenido sin embargo el efecto opuesto. Más que la inflexibilidad del gobierno, su apego a los procedimientos legales y su respeto hacia los Derechos Humanos, la fulminante suspensión de quince policías -incluido un jefe de Unidad Regional- demuestra que los castigos corporales, las golpizas y los métodos brutales forman parte del repertorio institucional de respuestas que la Policía de Salta ensaya frente a los desafíos que a diario se le presentan.
La pataleta justiciera de Urtubey y de su ministro Sylvester revela también que la agresión a Saravia no fue -como se ha pretendido que parezca- un exceso ocasional de un grupo de policías borrachos o el despliegue criminal de una banda desligada alegremente de la cadena de mandos, sino un acto deliberado, previamente planificado y amparado en un «digesto» de normas no escritas, que -a pesar de lo que se declama- cuentan con una amplia aceptación por parte de los mandos policiales con responsabilidades de jefatura.
Es indudable que lo que ha impulsado al gobierno de Urtubey a reaccionar de una manera tan visceral y poco reflexiva es la influencia social del Jockey Club de Salta, al que Saravia pertenece. Pocas dudas caben acerca de que, de haber sido menos influyente o socialmente menos relevante el agredido, Urtubey y su ministro hubieran extendido sobre el asunto un gran manto de opacidad, sin necesidad de llegar al extremo de expedientar y suspender a ningún policía.
Los quince agentes apartados preventivamente de la fuerza son, sin embargo, meras cabezas de turco. La realidad es que en la agresión a Saravia, y en la mayoría de los excesos que la Policía de Salta comete contra libertad o la integridad física de los ciudadanos, se encuentra comprometida toda la cadena de mandos, sin cuya aquiescencia, por lo menos, ningún grupo de policías sería capaz de salir a las calles golpear a un ciudadano esposado o de someterlo a torturas en el patio de una comisaría.
El fiscal que investiga estos hechos debe ahondar sobre la responsabilidad que cabe a los jefes, pero es la ciudadanía la que tiene que exigir que el Ministro de Seguridad y el Gobernador de la Provincia asuman sus responsabilidades políticas.
Si el respeto a los Derechos Humanos es incompatible con la impunidad, no parece razonable crucificar a quince policías para eximir de culpa a sus jefes o los políticos que con su inercia o su complicidad han contribuido a violar los derechos de las personas. Es ésta una actitud que solo añade más inequidad al asunto y que aleja un poco más, si cabe, al gobierno de Urtubey de su imagen deseada de supremo garante de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.