A estas alturas de la velada no está muy claro si los métodos de la Policía de Salta bajo el gobierno de Juan Manuel Urtubey son en realidad métodos democráticos y ajustados a los estándares mínimos en materia de respeto de los derechos humanos, o si, por el contrario, el Gobernador de Salta comanda una "policía brava" que nada tiene que envidiar a la de los conservadores de los años treinta o la de los militares de los años sesenta y setenta. La agresión perpetrada hace dos días por agentes y oficiales de la Policía provincial a un conocido jugador de rugby, al que presuntamente confundieron con un delincuente, lleva a preguntarse seriamente por la forma en que la Policía de Salta trata, no ya a las personas inocentes, sino muy en especial a los delincuentes.
¿Es normal que la Policía muela a palos a quienes transgreden la ley? Si el agredido hubiese sido efectivamente un delincuente y no un deportista de familia conocida, ¿se habría animado el gobierno a exonerar a 15 policías? O, por el contrario, ¿el Gobernador y su ministro intentarían cubrir el atropello con un barniz de legalidad?
Los límites de la discrecionalidad policial respecto de las libertades ciudadanas se han ensanchado de forma muy notable durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, llegando a rozar extremos de auténtico escándalo. El retroceso no puede calificarse sino de alarmante, teniendo en cuenta que la Policía de Urtubey ha batido las infames marcas de represión y violación de Derechos Humanos establecidas por su antecesor, el gobernador Romero.
Los excesos autoritarios de la Policía, retratados de forma grotesca en el vídeo de las torturas a detenidos en la Comisaría de Güemes, y el continuo avance del Ministerio Público Fiscal sobre las libertades de los ciudadanos no parecen ser más que el reflejo del autoritarismo que fluye desde la cima del poder. Urtubey, mejor preparado para mandar que para gobernar, más amigo de la imposición pura y dura que del consenso, ha sido denunciado recientemente por ordenar a los empleados de la Administración Pública acudir a un acto político un día domingo, bajo amenaza de sanción.
Al efecto mimético se une la crisis permanente de la dirección política sobre un aparato policial que maneja "códigos" propios y que se siente fuertemente manipulada por un poder que utiliza la estructura territorial de la fuerza y su capacidad operativa en su propio beneficio.
En cinco años Urtubey ha demostrado que es incapaz de gobernar a la Policía y de acabar con prácticas lesivas de los derechos fundamentales que se arrastran desde las ya lejanas épocas de la dictadura militar.
Los constantes relevos de ministros de Seguridad y en la cúpula policial hablan a las claras de los titubeos de Urtubey en la materia, pero también son expresivos de las dificultades que impiden una plena inserción de la Policía de Salta en el entramado de instituciones democráticas.
Ni Urtubey ni sus ministros han conseguido aventar de forma convincente las sospechas de que la Policía de Salta realiza tareas de inteligencia sobre políticos opositores o las que hablan de la pervivencia en su seno de metodologías incompatibles con los Derechos Humanos y de una cultura institucional refractaria a los procedimientos legales. Para muchos, el extravío del rumbo en la política de seguridad está contribuyendo a la consolidación del poder económico de las redes de delincuencia organizada -muchas de ellas de origen extranjero- que han encontrado en Salta un espacio ideal para hacer florecer negocios como el narcotráfico, el contrabando o la trata de mujeres con fines sexuales.
Hasta el momento, el Gobernador no ha asumido una sola responsabilidad política ni practicado la más mínima autocrítica en lo que se refiere a su gestión del aparato policial. Al contrario, su actividad más enérgica en este terreno consistió en la destitución fulminante del exministro de Seguridad Maximiliano Troyano, solo después de un formidable revuelo en las redes sociales, y en el más discreto apartamiento del abogado Aldo Rogelio Saravia del cargo de Secretario de Seguridad, que este funcionario ejerció con la astucia del Inspector Clouseau, la saña del detective Mike Hammer y los métodos del Equipo A.
Transcurridos varios meses desde aquellas decisiones, el machismo y la misoginia (detonantes del alejamiento de Troyano) siguen campando a sus anchas en las actuaciones policiales. Lo mismo puede decirse en relación con los procedimientos "extralegales" que caracterizaron la etapa del controvertido secretario Saravia. Todo ello, sin contar con que 1.300.000 salteños viven hoy más inseguros que hace diez años y confían cada vez menos en la capacidad de la Policía para hacer frente a los problemas de seguridad.