La creación de un departamento de Estado con el nombre de 'Ministerio de Derechos Humanos' es un producto genuino del genio jurídico-institucional del gobernador Juan Manuel Urtubey, hombre audaz donde los haya.
La orden de Urtubey a sus ministros para que se conviertan en apóstoles de su evangelio personal y abandonen la blandura de sus despachos para llevar su palabra (la de Urtubey) hasta los más recónditos rincones de la vida ciudadana está dando unos magníficos frutos.
El arte de la retórica política requiere de dos habilidades fundamentales: la de hallar la manera correcta de encuadrar los problemas y la de acertar a la hora de llamarlos por un nombre adecuado.
El Gobernador de Salta pertenece claramente al grupo de los que piensan que la creciente criminalidad y la alarmante inseguridad ciudadana se combaten poniendo más policías en las calles; pero no para enfrentar a los que transgreden la ley y atacan la convivencia, sino para amedrentar a los ciudadanos.
El Ministro de Trabajo del gobierno provincial de Salta, Eduardo Costello, se ha despachado hoy con una frase que, con un poco de marketing, podría llegar a disputar el primer puesto en el ranking mundial de los despropósitos verbales.
La llamada "articulación público-privada" se ha convertido en un generoso paraguas bajo el cual se cobijan intereses puramente privados que encuentran en la tutela del Estado provincial una forma de eludir los mecanismos del mercado.
Debe ser de verdad muy emocionante que al paso de uno la tropa formada haga sonar los tacones y los oficiales y oficialas desenfunden su sable para apuntarlo al suelo en señal de reverencia.
Marianela Cansino, la flamante Ministra de Derechos Humanos del gobierno provincial de Salta, ha visitado ayer el Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal, un crítico recurso del aparato represivo del Estado, que desde hace años vive envuelto en leyendas y mitos urbanos que son por todos conocidos.
La pregunta -y obviamente, su respuesta- no tiene nada que ver con la legitimidad del señor Urtubey para ejercer el gobierno de Salta. Es decir, no está relacionada ni con la pureza del título jurídico que lo respalda ni con los niveles de obediencia o de aceptación de su ejercicio por parte de los gobernados.
Cuando los partidos políticos no existen o no aciertan a desempeñar la función para que se supone fueron creados, el que tiene la tarea de gobernar se enfrenta al dilema de convocar para la tarea de gobierno a amigos de su confianza más cercana -generalmente inútiles de solemnidad- o de llamar a personalidades independientes que, por lo general, no comulgan con su credo.
Los resultados de las elecciones celebradas ayer en Salta obligan a reflexionar sobre el fracaso de una clase dirigente vertebrada alrededor de los intereses comunes del dinero y el poder absoluto.
Me ha llamado mucho la atención el tuit de un entusiasta seguidor del senador Juan Carlos Romero, en el que exhorta a éste a 'recuperar la Provincia'.