El arte de la retórica política requiere de dos habilidades fundamentales: la de hallar la manera correcta de encuadrar los problemas y la de acertar a la hora de llamarlos por un nombre adecuado. Quisiera referirme en este breve escrito a la peligrosa costumbre que de un tiempo a esta parte han adoptado tanto la Municipalidad de Salta como el gobierno provincial, y que consiste en justificar sus actuaciones y el contenido de sus políticas en la satisfacción de 'los vecinos', como si estos fueran los únicos sujetos de derechos políticos y los protagonistas excluyentes de la vida pública local.
Resulta ciertamente curioso que tanto el gobierno provincial como el municipal hayan desterrado la palabra 'ciudadano' de su voculabulario habitual, pero detrás de este gesto, aparentemente intrascendente, hay, a mi juicio, una clara e intencionada toma de posición ideológica.
Es indudable que el 'ciudadano', como titular de los derechos del hombre y sujeto de derechos políticos, que interviene en los debates públicos, participa en la representación de la soberanía y en el gobierno de la ciudad o de la Provincia, y como agente que impulsa con su solidaridad y su participación la satisfacción de las necesidades básicas de los menos favorecidos, que no pueden valerse por sí mismos, es, para quienes detentan el poder, un personaje incómodo y potencialmente peligroso para los proyectos hegemónicos de uno y de otro.
Una ciudadanía plural, comprometida, con deseos de participar y vocación por controlar el poder constituye la base de cualquier sistema democrático fuerte, pero es al mismo tiempo la principal amenaza de los gobiernos autoritarios, de aquellos que recelan de la libertad y de los que, de una forma u otra, cimentan su poder en base a gestos demagógicos o populistas.
No es casualidad, por tanto, que los gobiernos a los que me refiero prefieran lidiar con 'vecinos' y no con 'ciudadanos'.
Pero esta forma de ver las cosas entraña serios peligros para el ejercicio de nuestros derechos, ya que los gobiernos han sido elegidos para hacer posible la vida digna de la universalidad de los ciudadanos y no exclusivamente de unos vecinos residentes en ciertas partes de la ciudad o de la Provincia.
Hay que tener en cuenta que la vecindad es una mera circunstancia personal, un accidente que vincula temporalmente a quienes habitan de forma cercana, próxima o inmediata un territorio determinado, mientras que la ciudadanía expresa un vínculo permanente, no solo con el territorio, sino con los demás ciudadanos, con independencia de su proximidad, y, especialmente, con el poder político.
La artificiosa creación del 'vecino' como sujeto político comporta, entre otras cosas, la ruptura de la unidad del Estado, la fractura de la solidaridad (entre territorios pero también entre personas y grupos), y supone, por lo general, la negación del derecho universal al uso del sistema urbano.
La exaltación de la vecindad, por su parte, contribuye a la creación o al refuerzo de identidades locales o barriales muy fuertes, que propician a menudo la exclusión del diferente (del 'forastero') y demandan soluciones espaciales que, por lo general, no tienen en cuenta el derecho de los ciudadanos al disfrute de los bienes y de los derechos que son de todos.
Gobernar para los 'vecinos' y no para los 'ciudadanos' supone, desde este punto de vista, fomentar la creación de plataformas vecinales, que en casos aislados se pueden interpretar como una señal del renacimiento de la democracia de base, pero que la mayoría de las veces comporta una amenazadora manifestación de antipolítica.
Cuando los gobiernos asumen que sus interlocutores son los vecinos y no los ciudadanos, están creando un caldo de cultivo para la reproducción de estos movimientos locales, defensivos, apolíticos e intransigentes, en cuyo seno la proximidad espacial genera una falsa sensación de poder y capacidad de chantaje, y a los que suele ser difícil convencer una vez que se han creado.
La 'vecinalización' de la política, tal como la practican el gobierno de Salta y la Municipalidad de la ciudad capital de la Provincia se está traduciendo ya mismo en la aparición de movimientos del tipo NIMBY (not in my back yard) que expresan la reacción insatisfecha de personas que se organizan para impedir la instalación en su entorno más cercano de ciertas actividades o instalaciones que son percibidas como peligrosas o desagradables, aun cuando estas actividades pudieran responder a una necesidad de interés general.
Cárceles, cementerios, depósitos de residuos sólidos, estaciones de transporte, plantas de energía, líneas de alta tensión, antenas de telefonía móvil, hoteles, destacamentos policiales, centros de atención sanitaria o, incluso, escuelas, han generado entre nosotros movimientos locales reactivos basados, generalmente, en argumentos como la pérdida de la identidad barrial, la desvalorización de las propiedades y otros similares, que no objetan la instalación de la actividad en sí (porque la tolerarían si estuviera en otro barrio) sino su proximidad.
La 'vecinalización' que fomentan los gobiernos provincial y municipal de Salta está propiciando también la indiferencia creciente de los vecinos hacia todo lo que sucede fuera de los límites, territoriales o identitarios, del 'barrio'; fragmenta asimismo la participación en los asuntos comunes y obstaculiza especialmente la planificación urbana, al asumir las demandas vecinales la forma de un mosaico de propuestas yuxtapuestas de difícil o imposible armonización.
Es hora de que unos y otros se den cuenta de que gobernar para los 'vecinos', haciendo primar los intereses y necesidades de estos sobre los del conjunto de los ciudadanos representa un serio peligro, no solo para la cohesión social sino también para la gobernabilidad de nuestras sociedades, así como para la igualdad y el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos que se derivan de la condición de ciudadanos, que nos singulariza y nos hace iguales al mismo tiempo.