La fotografía que ilustra esta página fue publicada en su muro de Facebook por Gonzalo Guzmán Coraita, director de Salta Transparente, en un post en el que denuncia la negativa del Procurador General de la Provincia a suministrar información pública sobre el proceso de selección y la cualificación profesional de los investigadores contratados o designados por el Cuerpo de Investigadores Fiscales de Salta (CIF).
El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se ha defendido como solo él sabe hacerlo de las acusaciones opositoras sobre «uso abusivo» de las aeronaves del Estado provincial.
Las batallas políticas, como cualesquiera otras, se ganan y se pierden. El rasgo distintivo de este tipo de combates consiste, sin embargo, en que los resultados nunca son definitivos y concluyentes; es decir, que ni las victorias más aplastantes confieren a los vencedores todo el poder que estos quisieran, ni las derrotas más contundentes consiguen borrar definitivamente al enemigo del mapa.
Si al anterior Gobernador de Salta le desvelaba la idea de que sus aviones pasen la noche a la intemperie, al actual mandatario le inquieta tener a los aviones estacionados en esos enormes galpones de chapa. Prefiere hacerlos surcar los cielos de la Patria, y a ser posible con él adentro.
El Procurador General de la Provincia de Salta, Pablo López Viñals, será recordado en la historia institucional vallista como el hombre que convirtió a uno de los poderes del Estado -el Ministerio Público- en un mosaico de ventanillas disuasorias y en un laberinto de siglas tan incomprensibles como inútiles.
La utilización sistemática de la imagen de niños y de jóvenes discapacitados para la propaganda gubernamental y el autobombo político es uno de los rasgos que singulariza a los gobiernos más execrables del mundo.
Como cualquier otro gobierno del mundo que es elegido por el voto popular, el de Juan Manuel Urtubey despierta adhesiones y rechazos, masivos y generalizados. Lo que en realidad distingue con nitidez a su gobierno de otros son los esfuerzos que viene haciendo por colocar a los rechazos fuera del ámbito de la política e, incluso, fuera de los límites de la racionalidad.
El súbito aumento del poder jurídico-procesal y político de los fiscales penales de Salta representa la realización práctica de una vieja idea reaccionaria, nacida y pacientemente incubada durante la última dictadura militar.
La palabra revictimización se emplea generalmente para referirse a un proceso complejo a través del cual un individuo resulta víctima de la violencia interpersonal en dos o más momentos de su vida. Es una palabra que pone especial énfasis en los traumas que aparecen como consecuencias de un delito, a los que se le suman otros efectos negativos provocados o magnificados por las experiencias a que la víctima es sometida durante el proceso legal o a causa del mismo.
El plácet senatorial otorgado anoche para la designación como fiscales penales del exministro de Seguridad, Maximiliano Adolfo Troyano, y de la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, Gabriela Buabse, está teniendo por estas horas una sonora repercusión política, tanto a nivel local, como nacional e internacional.
Un auténtico festín árabe se preparó y sirvió ayer en el Senado de Salta, un espacio recoleto en donde, todos juntos y bien revueltos, como corresponde a gente bien disciplinada y prolijamente encolumnada detrás de la figura del sheik, elaboraron una contundente respuesta institucional a las insidias propaladas por el diario infiel.
La mogijatería reprimida del gobierno de Urtubey, a veces disfrazada de misoginia, otras de progresismo feminista, lo ha enfrentado por segunda vez en lo que va del año a la enorme figura de Buñuel.