La palabra revictimización se emplea generalmente para referirse a un proceso complejo a través del cual un individuo resulta víctima de la violencia interpersonal en dos o más momentos de su vida. Es una palabra que pone especial énfasis en los traumas que aparecen como consecuencias de un delito, a los que se le suman otros efectos negativos provocados o magnificados por las experiencias a que la víctima es sometida durante el proceso legal o a causa del mismo. La llamada revictimización institucional, por su parte, pone de manifiesto la existencia de este fenómeno dentro del propio sistema judicial.
Durante la semana que está a punto de finalizar, la palabra ha sido utilizada hasta la saciedad en los medios de comunicación salteños. Lo ha sido para denunciar la escandalosa ligereza de un informe judicial suscrito por investigadores fiscales de Salta, en el que se deslizaron juicios verdaderamente alarmantes sobre el atractivo erótico de niñas de corta edad.
Con ocasión de la divulgación de este informe, organizaciones de mujeres de Salta, corporaciones profesionales (incluidas las de los abogados y los psicólogos), magistrados y especialistas han utilizado con insistencia la palabra revictimización, aunque no con la precisión técnica que sería deseable en estos casos.
El más flagrante caso de revictimización institucional
Es de lamentar sinceramente que esta cuestión y su desmedida cobertura mediática hayan servido para soslayar el más flagrante caso de revictimización institucional que se produjo en Salta durante los últimos días, y al que la prensa local apenas si ha dedicado algunas líneas.Hablo del vergonzoso anuncio del gobierno del señor Urtubey de interponer recurso extraordinario federal contra la sentencia de la Corte de Justicia de Salta que condenó al Estado provincial salteño a indemnizar con una cantidad cercana al millón de pesos a la joven Vanina Yapura Alderete, única sobreviviente de un bárbaro crimen que -según la Justicia salteña- se produjo a consecuencia de una brutal omisión de auxilio por parte de las fuerzas de seguridad del Estado provincial.
Si bien es cierto que el derecho a discrepar de los fallos judiciales y a interponer recursos es sagrado, todo el mundo sabe por estas horas que los abogados de la víctima negociaron hasta último momento con el Fiscal de Estado el pago de la indemnización y que, con o sin cuestión federal de por medio, el Estado condenado estaba dispuesto a satisfacer el objeto de la condena, si bien con determinadas quitas o aplazamientos. Durante estas negociaciones, el gobierno de Urtubey -obligado a observar el principio de legalidad en todas sus actuaciones y a no recurrir a chicanas procesales- utilizó en todo momento el recurso federal como un inadmisible elemento de presión.
Ayer, en una declaración aun más vergonzosa que el propio anuncio procesal del Fiscal de Estado, el Gobernador de la Provincia ha reconocido, bien que de modo implícito, que la interposición del recurso extraordinario federal por parte de su gobierno tiene una finalidad exclusivamente dilatoria: «Los abogados de la parte ganadora (Yapura Alderete) se pusieron firmes en que querían el pago en lo inmediato, y a esta altura del año no podemos gastar (sic) esa cifra», ha dicho ayer Urtubey en un programa de televisión.
La aclaración del Gobernador -absolutamente innecesaria, por cierto- es doblemente vergonzosa, por cuanto se refiere a la justa reparación de un enorme daño, humano, material y moral (la muerte violenta de la madre y los dos hermanos de la joven sobreviviente) como un gasto para las arcas públicas. La expresión empleada es, de todo punto de vista, inadmisible: por inoportuna, por cruel y por inhumana.
Y no solo es inadmisible por cualquier ciudadano con una sensibilidad media, sino especialmente dañina para la víctima, que ahora se entera por boca del mismísimo Gobernador de Salta, que la reparación civil de su horrible calvario no representa un acto de justicia elemental sino que constituye una carga inasumible para el Estado, una fría y desangelada partida presupuestaria.
¿Hubiera dilatado igualmente Urtubey el pago de la indemnización si la víctima no fuese mujer? ¿No estamos en presencia de otra manifestación más de la perversa misoginia de este gobierno?
Esto es auténtica revictimización institucional y no las excentricidades cuasipsicológicas de un informe pericial forense. Porque Vanina Yapura Alderete, que hace varios años recibió un tremendo golpe, ahora recibe otro de los mismos puños del gobernador Urtubey. El segundo golpe, más injusto quizá que el primero.
Porque la cantidad que el gobierno de Urtubey debe pagar a la joven Yapura Alderete representa solo el uno por mil de la suma que el Gobernador ha destinado para el llamado Fondo de Reparación Histórica que administra su hermano; un dinero que todo el mundo sospecha que está siendo utilizado para sufragar la campaña a senador nacional del señor Rodolfo Julio Urtubey.
Señor Gobernador: su deber es pagar y dejarse de zarandajas; usted debe cumplir con esa sentencia en todos sus términos, sobre todo después de que la Corte le hizo el favor de reducir la indemnización casi en un tercio. Y si usted, por lo que fuera, decide interponer contra ella un recurso extraordinario federal, por lo menos tenga la decencia de no admitir en público que ese recurso no se funda en una violación del derecho federal vigente y que solo ha sido interpuesto por sus inoportunas dificultades de caja.