Las principales zonas comerciales de la ciudad de Salta presentaban ayer el mismo aspecto que la jornada precedente: persianas bajas, escaparates tapizados de maderas y cartones, dependientes tras las rejas, custodios privados armados y una atmósfera densa en la que se mezclaba el miedo, el escepticismo y la violencia contenida. El riesgo de que se repitieran en Salta las escenas que se registraron en Córdoba, Tucumán o el Chaco provocó una psicosis colectiva que afectó, incluso, a las fuerzas del orden y al propio gobierno provincial, que nuevamente demostró su incapacidad para hacer frente a las situaciones de aguda crisis.
Las noticias llegadas de otras provincias, especialmente de la de Tucumán, alimentaban en Salta una suerte de doble espiral de conflicto. Por un lado, la confirmación de los saqueos masivos a fábricas y supermercados en Tucumán animaban a los vándalos a repetir el pillaje en Salta; por el otro, las crecientes reivindicaciones laborales de otras policías provinciales espoleaban a los agentes salteños a echar un órdago al gobierno, para aprovechar el clima de inseguridad reinante.
Algunos medios de prensa añadieron no poca confusión al panorama al difundir noticias no confirmadas sobre acuartelamientos y "guardias mínimas" en diferentes dependencias policiales.
El gobierno volvió a pagar muy caro la bisoñez de sus funcionarios. El flamante Ministro de Gobierno, Eduardo Sylvester, perteneciente a la ultraderecha lugareña, envió un mensaje envenenado a las fuerzas policiales al negar que pudiera abrirse una negociación en torno a las condiciones laborales y económicas de los agentes del orden.
Su homólogo, el también flamante Ministro de Seguridad, Alejandro Cornejo D'Andrea, licenciado en administración de empresas, dijo, con criterio empresarial más que político, que la protesta que estaba teniendo lugar, entre otros escenarios, en el Centro Policial Sargento Suárez era protagonizada por agentes jubilados y sancionados.
A pesar de los rumores, y no precisamente por el acierto del gobierno, la Policía de Salta no dejó de patrullar las calles de la ciudad. Su presencia fue decisiva para frenar una vez más los intentos de atacar los comercios.
Más policías, menos salario
Como en los mejores tiempos de las dictaduras militares y en el día en que el país celebraba el trigésimo aniversario de la democracia, el gobierno atacó el problema poniendo más policías en la calle, como quien envía a la sociedad el mensaje de que detrás de los saqueos y de los saqueadores no se oculta ningún problema social irresuelto por el gobierno.Por tapar, el gobierno tapó también la reivindicación salarial de los policías, que no llegaron a plantear un conflicto desembozado pero que se encargaron de enviar al gobierno señales claras de insatisfacción por lo que consideran un notable atraso en el nivel de sus remuneraciones.
Un portavoz policial señaló que el gobierno de Urtubey se ufana a menudo de haber multiplicado sustantivamente la cantidad de policías en las calles, pero la realidad es que la masa salarial bruta de la plantilla policial no ha experimentado el mismo crecimiento. "Si el Gobernador quiere más seguridad, deberá pagarla", dijo la fuente policial.
Otras voces criticaron también el desmedido aumento de la plantilla policial pero con argumentos diferentes. Sostienen que Urtubey busca resolver el conflicto social aumentando la presencia disuasoria de la policía. "Muchos uniformados en las calles, so pretexto de brindar más seguridad, lo que hacen es ocultar los agujeros negros de la gestión socioeconómica del gobierno", dicen.