Cada quince días, aproximadamente, la Policía de Salta detiene a inescrupulosos transportistas de embutidos y piezas de carne. Por recurrente, la noticia es verdaderamente preocupante. Para empezar, la repetición de este tipo sucesos hace que el consumidor se pregunte si la tira de asado o los chorizos que acaba de comprar habrán llegado efectivamente hasta la "boca de expendio" en asépticos camiones frigoríficos o, por el contrario, lo habrán hecho en el baúl de un auto, junto al gato hidráulico, la rueda de auxilio y la llave cruz.
La probable existencia de un mercado informal de la carne, de mataderos y salas de despiece clandestinas, y la faena de animales no controlados, es otro serio motivo de preocupación.
Pero a juzgar por la frecuencia con que la Policía de Salta interviene este tipo de cargamentos, las dimensiones de este mercado marginal de la carne es enorme. Esto ya no es un problema policial sino una cuestión que no solo pone en serio entredicho la efectividad de las políticas del gobierno en materia de control de la sanidad de los alimentos sino que hace que nos preguntemos si vivimos realmente en una sociedad de gente profundamente antihigiénica.
Carne de arbitrariedad
Por otro lado, no está muy claro cuáles son los criterios jurídico-administrativos que la Policía aplica en este tipo de procedimientos.Sin ir más lejos, durante la mañana del pasado día viernes, la Policía persiguió y detuvo a un coche a cuyos ocupantes exigió la apertura del baúl. Dice la información oficial de la Policía que:
(1) el coche transportaba productos cárnicos y embutidos en bolsas;
(2) que sus ocupantes no contaban con la documentación que acredite la propiedad de los productos;
(3) que no poseían habilitación para el transporte de sustancias alimenticias, y
(4) que no contaban con el equipo de cadena de frío.
Si en Salta los ciudadanos tuviesen prohibido transportar en sus coches particulares productos cárnicos en bolsas, incurriría en infracción penal o administrativa algo así como el 75% de la población.
Por tanto, ¿cuál es el criterio que utiliza la Policía para discernir cuándo se está en presencia de un transporte de carne para su consumo o para su venta? Nadie lo sabe con certeza.
Los 120 kilos intervenidos en la Avenida Tavella son ciertamente muchos kilos para una sola persona, pero no tantos para 250 asistentes a un asado. Siempre cabe la posibilidad -y más en épocas de campaña electoral- que a alguien se le ocurra servir un asado multitudinario. Esto no es delito ni está prohibido.
Es ilegal que la Policía exija documentación para acreditar la propiedad de los objetos que una persona transporta en un vehículo privado. El artículo 2412 del Código Civil, que establece una presunción de propiedad a favor del poseedor de buena fe de una cosa mueble, invierte la carga de la prueba en favor del poseedor. Es decir, que no es la persona que transporta los objetos quien debe probar ser el dueño, sino la Policía la que debe probar que la posesión no es de buena fe o que este poder se ejerce sobre una cosa robada o perdida.
Ningún vehículo de uso personal y privado dispone de habilitación para el transporte de sustancias alimenticias. Si este fuese el criterio de la Policía de Salta para intervenir, debería proceder a la detención de cualquier coche que llevase en su interior una simple bolsa de papas fritas. Y esto no ocurre.
Es absurdo pedir al conductor de un vehículo de estas características que lleve un equipo de cadena de frío. Esta exigencia, que desafía lo evidente, comporta un sarcasmo.
Pero sin dudas lo más grave de todo es que las operaciones policiales contra el tráfico ilegal de productos cárnicos parecen limitarse al "decomiso" de los productos y su siempre dudosa "desnaturalización con productos químicos". Nunca es noticia que se haya clausurado explotaciones ganaderas ilegales, mataderos clandestinos o que se haya detenido a los que, con su actividad, propician el transporte de carne en vehículos no adecuados. Es decir, no se ataca la raíz del problema.