Una sorprendente noticia ha sido publicada en el sitio web oficial de la Policía de Salta. El despacho, fechado ayer, día 27 de noviembre, a las 11.17 horas, da cuenta de la detención, por parte de policías de la ciudad de Cafayate, de seis personas a las que, según el propio despacho, no se pudo atribuir la comisión de delito alguno. Según el texto del despacho, las seis personas fueron detenidas tras ser «indicadas» (sic) por puesteros de la Quebrada de Cafayate de ser los autores de la sustracción de sus cabras y ovejas.
De lo que se deduce que los detenidos no fueron denunciados formalmente sino simplemente señalados como sospechosos por los presuntos damnificados, sin que la Policía hubiera realizado ninguna diligencia (que no sea la propia detención) para intentar establecer la relación de los detenidos con los hechos.
El despacho policial señala que la Policía procedió a registrar (allanar) el campamento de los sospechosos (un grupo de artesanos) sin una orden judicial. La diligencia, que finalmente se pudo concretar porque los sospechosos autorizaron voluntariamente el registro, no arrojó ningún resultado, ya que en el interior de la carpa -según el propio despacho- no se encontraron huellas de faena de ningún animal.
Sin embargo, a pesar de que la Policía justificó su presencia en la búsqueda de evidencias de abigeato, durante el registro surgieron otras cuestiones, más bien sorprendentes.
Dice la información oficial de la Policía: «Sin embargo causó dudas la existencia de dos teléfonos celulares de alta gama (sic) y un iPhone original sobre los que no supieron esgrimir datos precisos sobre su origen presumiéndose que podrían tratarse de objetos sustraídos a turistas».
Este simple hallazgo, motivó la inmediata detención de las seis personas ocupantes de la carpa y su puesta a disposición del juez; pero no de cualquier juez sino del de Instrucción Formal de Tercera Nominación, es decir, de un juez cuya competencia material se ciñe a los delitos más graves. No obstante, según la Policía, el juez instruye actuaciones por «averiguación de procedencia» (sic)
Salvo en casos de denuncia o de delito flagrante, el requerimiento policial de «datos precisos sobre el origen» de los teléfonos es arbitrario e ilegal, como lo es cualquier requerimiento dirigido al poseedor de un bien mueble para que acredite la propiedad sobre el mismo.
Si bien nuestra legislación civil solo establece la presunción de propiedad de las cosas muebles en favor de los poseedores de buena fe (es decir, excluye a los poseedores de cosas robadas o perdidas), la Policía no tiene autoridad para presumir una posesión de mala fe (la mala fe no se presume: hay que probarla), ni para sospechar que se trata de objetos robados, cuando tales objetos no han sido debidamente identificados como tales y tampoco media denuncia sobre su sustracción. Por tanto, la policía carece de cualquier derecho para privar de la libertad por esta razón a una persona.
Antecedente nefasto y sumario
El pasado día 2 de agosto de 2012, los mismos policías de Cafayate practicaron, sin autorización judicial ni conocimiento de los padres, un registro personal exhaustivo a alumnos de la Escuela Especial Nº 5.074, Virgen del Rosario, de la ciudad de Cafayate.La intervención policial se practicó a requerimiento de la dirección del centro educativo (es decir, sin denuncia formal), a raíz de la supuesta desaparición de una suma de dinero. Una vez presentes los policías en el establecimiento, estos procedieron a registrar personalmente a los alumnos (muchos de ellos, discapacitados), así como a sus pertenencias, llegando incluso a exigir que se quitasen la ropa.
Esta actuación arbitraria, que ahora se repite, determinó en su momento al Secretario de Seguridad del gobierno provincial, señor Francisco Jovanovics Torino, a iniciar un sumario administrativo a los policías involucrados.
En aquella ocasión, el funcionario justificó la incoación del expediente disciplinario en «la gravedad y trascendencia de la situación». Una situación que el propio Jovanovics Torino calificó como "totalmente desacertada".
¿Qué pensará ahora el Secretario de Seguridad?