La magistrada Adriana Martorell, titular del Juzgado de Personas y Familia de 5ª Nominación de la ciudad de Salta ha sido emplazada a resolver "sin dilaciones" la homologación de la resolución 712/11 del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos del gobierno provincial, que reconoció el derecho a la identidad de género a dos ciudadanas de Salta. La resolución administrativa, que fue dictada el 18 de agosto de 2011, ordena que para proceder a la rectificación registral de las partidas y de los documentos de identidad de las peticionantes, la justicia debe homologar la decisión. Pero ya han transcurrido casi siete meses, y la jueza Martorell aún no ha resuelto este expediente.
Según sostiene la Asociación en Lucha por la Diversidad Sexual Salta (ALUDIS), el inusual retraso de la jueza Martorell está provocando un claro perjuicio a las personas que lograron que se declarara su derecho a la identidad de género.
El pasado martes, bajo el patrocinio letrado de la Defensora Oficial Civil Nº 4, Natalia Buira, los señores Víctor Rodrigo Liendro, Joana Ramos y María Pía Ceballos, presentaron ante el juzgado de Martorell un escrito en el que piden a la magistrada que "cesen las dilaciones y el retardo de justicia".
En concreto, las peticionantes consideran irrazonables que el juzgado haya formado dos expedientes separados (tramitados por dos secretarías diferentes) cuando el gobierno ha solicitado la homologación de un solo instrumento.
Entienden también que la jueza Martorell dictó el pasado 14 de febrero una resolución inoficiosa e improcedente, que obligó a presentar un recurso de aclaratoria y posteriormente un recurso de reposición. "Éstas son solo algunas de las evidentes dilaciones en el proceso simple de homologación judicial que ya lleva seis meses sin resolución", dicen las perjudicadas.
Finalmente, denuncian que el retraso en resolver está provocando la severa vulneración de los derechos humanos fundamentales de las ciudadanas peticionantes, como el derecho a la identidad y a la identidad de género, derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la intimidad personal, derecho a la autonomía, derecho a la salud física y psicológica, derecho a una adecuada calidad de vida, derecho a la dignidad personal, derecho a una tutela judicial rápida y efectiva para proteger sus derechos, derecho de defensa en juicio y derecho de acceso a la justicia.