María Pía Ceballos, la joven transexual salteña que solicitó y obtuvo el reconocimiento administrativo a su derecho de identidad de género mucho antes de que fuera aprobada la ley nacional 26.743, consiguió finalmente hoy su nuevo Documento Nacional de Identidad en el que figura ya como mujer. Ceballos pudo concretar el tan esperado cambio registral a las 10.30 de la mañana de hoy, cuando la encargada del Registro Civil salteño, señora Mónica Antacle, le entregó su nuevo documento en presencia de la Defensora Oficial Civil Nº 4, Natalia Buira, quien representó a Ceballos en el trámite anterior realizado ante el entonces Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos del gobierno de Salta.
La peticionante obtuvo finalmente el reconocimiento de su derecho en virtud de las disposiciones de la nueva ley y no como consecuencia de la declaración administrativa efectuada por el gobierno provincial en agosto pasado, mediante resolución 712/11 del citado ministerio.
Si bien Ceballos había conseguido que el Estado declarara formalmente su derecho a la identidad de género casi nueve meses antes de la entrada en vigor de la ley, una insólita demora judicial de ocho meses impidió que la joven transexual obtuviera antes su documentación debidamente rectificada.
Tras concluir el trámite, la defensora Buira aclaró que la justicia salteña "nunca dictó la sentencia homologatoria". La jueza de familia, Adriana Martorell, mantenía retrasado el trámite sin razón alguna para ello, y cuando los interesados reclamaron ante la Cámara de Apelaciones, dos de sus salas (la IIIª y la Vª) declararon la "cuestión abstracta", a raíz de que, al momento de resolver, ya había entrado en vigor de la ley nacional 26.743.
El inexplicable retraso judicial demuestra el carácter profundamente conservador de la judicatura salteña frente a las cuestiones que afectan a la diversidad y, a juicio de Buira, ponen de manifiesto una singular paradoja: "que el Congreso Nacional se movió más rápido que la justicia salteña para la protección de los derechos humanos fundamentales".
Para Buira, el caso Ceballos y el de A.P. la otra joven transexual que obtuvo el reconocimiento de su derecho a la identidad de género a través de la misma resolución administrativa, constituyen "una prueba acabada de la lentitud de la justicia salteña".
Cabe recordar que la jueza Martorell dilató durante más de ocho meses el dictado de una resolución judicial meramente homologatoria de un acto administrativo, sin que existieran razones procesales para ello, provocando un enorme perjuicio no solo a las dos personas interesadas, sino a la imagen internacional de la justicia salteña.