La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1984, ratificada por la República Argentina el 24 de septiembre de 1986 y que entró en vigor el día 26 de junio de 1987, define a la tortura como "todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia". Para evitar este tipo de actos, los países signatarios -entre ellos el nuestro- se han comprometido a adoptar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole, eficaces para impedir que se cometan en su territorio.
Tanto desde el punto de vista del Derecho Internacional como de nuestro derecho interno, no existe distinción posible entre "torturas sistemáticas" y "torturas aisladas". Ambos son actos muy graves e intolerables, manifiestamente antijurídicos y objeto de una rigurosa prohibición normativa.
El gobierno de Salta, dirigido por Juan Manuel Urtubey está hoy acusado de torturas, sin más. Es decir, no está acusado de torturas sistemáticas ni de dirigir un Estado torturador, porque hasta ahí se podría llegar.
Con independencia de la responsabilidad jurídica que cabe a los miembros del gobierno, con el Gobernador a la cabeza, su responsabilidad política es similar tanto en casos aislados de torturas como en casos conexos, ya que en el plano moral no hay razones para distinguir entre unos y otros.
El gobierno de Salta no puede escudarse, por tanto, en el carácter aislado de la agresión a los derechos fundamentales, porque su obligación consiste en impedir absolutamente las torturas y en ser eficaz en esta tarea. En otras palabras, que el gobernador Urtubey no puede decir ni justificar que su responsabilidad comienza cuando existen torturas sistemáticas y que no tiene ninguna cuando se trata de torturas aisladas. Esto es sencillamente absurdo, cuando no manifiestamente inmoral.
Ningún miembro del gobierno -a menos que actúe movido por una perversa mala fe- puede defender el carácter inmaculado de su hoja de servicios en materia de Derechos Humanos cuando dice al mismo tiempo desconocer o ignorar la cantidad de denuncias que anualmente se reciben por malos tratos policiales o por violaciones mayores de los derechos de las personas detenidas.
No es de ningún modo necesario que exista una suerte de "plan estratégico" de torturas sistematizadas para que el Estado y el gobierno reaccionen de forma autocrítica frente a un solo caso de torturas.
A una funcionaria solo le faltó decir que no se trataba de torturadores sino de agentes de policía jugando al carnaval en pleno invierno.
Una sola violación de los derechos de las personas por parte de la policía debe ser motivo de honda preocupación social y factor desencadenante de serias responsabilidades jurídicas y políticas. Así sucede en la mayoría de los países civilizados, excepto en Salta, en donde la desgracia -en forma de inseguridad, de muerte o de terror- es considerada por el gobierno como una ocasión ideal para sacar a relucir ante la ciudadanía su "buen hacer".
Nadie espera que alguien se corte las venas en el gobierno o que sus funcionarios asuman responsabilidades políticas a la japonesa. Pero tampoco nadie espera que el gobierno de Urtubey aproveche los asesinatos para decir que "Salta es la Provincia con menor índice de criminalidad"; aproveche las torturas para decir que "en Salta se respetan escrupulosamente los Derechos Humanos"; o "nuestro nuevo código procesal penal es maravilloso"; aproveche los aludes y las inundaciones para decir que "el gobierno cumple con su deuda histórica" o se aprovechen las desapariciones de personas y los hallazgos de cadáveres para decir que "Salta no es un lugar inseguro".
En algún momento y en algún lugar, alguien, no se sabe por ahora quién, deberá reconocer que el gobierno del señor Urtubey también tiene su parte de culpa en los graves sucesos que ensombrecen la vida social. Alguien, quién sabe cuándo, se preguntará qué es lo este gobierno ha hecho mal, en qué ha fallado, para que policías servidores públicos sometan a torturas a ciudadanos indefensos.
Y es deseable que ese momento llegue pronto.