El Gobernador de Salta ha realizado una importante puesta en escena al reunirse con su Ministro de Seguridad, con el Secretario de la misma cartera y con la cúpula de la Policía Provincial, todos ellos -Gobernador incluido- en el ojo de la tormenta, después de la difusión internacional de un vídeo en el que aparecen efectivos policiales torturando a ciudadanos detenidos en la localidad de General Güemes. Dice la información oficial del gobierno de Salta que la reunión tuvo por objeto "ratificar el objetivo de la fuerza: Trabajar con responsabilidad y en la conciencia del rol protector del Estado hacia los ciudadanos".
Las conclusiones de la reunión no han tardado en tener un eco negativo en la opinión pública salteña. Sectores de la oposición han denunciado el "absurdo paternalismo" de Urtubey al cuestionar que la Policía de Salta desempeñe un "rol protector del Estado hacia los ciudadanos", como afirma el gobierno.
Asociaciones profesionales han salido a refutar al ministro Sylvester al afirmar que "los hechos denunciados de ninguna manera pueden ser calificados como apremios ilegales, en razón de que patentizaron claros actos de torturas, que como tales deben ser investigados y sancionados conforme los estándares internacionales en materia de derechos humanos".
Las opiniones negativas se suceden, sobre todo después de conocida la postura oficial del gobierno tras la reunión con los mandos policiales. Así, mientras el gobierno saca a relucir la "instrucción" del Gobernador al ministro Sylvester "para que realizara la denuncia de manera personal e inmediata", la oposición cuestiona el nulo papel que le ha tocado jugar en este asunto a la Ministra de Derechos Humanos, Silvia Pace, quien al parecer se encuentra aún de vacaciones.
Los mismos sectores consideran "tardía y extemporánea" la declaración de Sylvester sobre los "valores cívicos en el desarrollo de la tarea policial", por cuanto ha quedado demostrado -dicen- que se trata de valores no compartidos por todos los integrantes de la fuerza y que tampoco fueron en su momento honrados por el anterior Secretario de Seguridad (se refieren al abogado urtubeysta Aldo Rogelio Saravia).
Según Sylvester, aquellos valores son "el trabajo inquebrantable, el respeto por los derechos humanos y el apego irrestricto a las normas". Añade el joven ministro que “los nuevos sistemas de control, normativos y tecnológicos, a implementar gradualmente a partir de la segunda mitad del 2012, serán arbitrados de manera eficiente; de modo tal que conjuntamente con el servicio de seguridad que cada salteño merece del Estado, la policía sepa sostener el honor de vestir el uniforme de una fuerza tan importante en el desarrollo de una sociedad democrática justa y equitativa”.
Nuevamente, las críticas han sido muy certeras. El gobierno de Urtubey considera a la seguridad como un mero "servicio público", como si fuese el transporte, cuando en realidad es una "función del Estado" y una de las más críticas, señalan.
Por último, no han faltado serios reproches para la exhortación a Urtubey a los policías a comportarse bien porque es lo que corresponde, teniendo en cuenta "las inversiones edilicias y en equipamiento" que su gobierno dice haber hecho en el área de seguridad.
"Un policía debe cumplir con la ley y respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, así su trabajo se desenvuelva en una comisaría-rancho", dice un exjefe de la fuerza y funcionario del área de seguridad durante varios años.
"Pensar que un policía deba ser más ejemplar porque el Gobernador haya destinado más dinero a las necesidades de la Policía, es como pretender que un médico cure mejor a sus enfermos porque el gobierno ha comprado más jeringas para los hospitales", remarca.