El Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, con el apoyo de una magistrada del Ministerio Público de la Defensa, ha ejercido ante la Corte de Justicia de Salta la acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Nº 1170/2012 del Gobernador de Salta que regula, en el ámbito provincial, la práctica de los denominados "abortos no punibles". Como se recordará, la polémica norma, publicada oficialmente el pasado día 26 de marzo, estableció como requisito para poder acceder a estas prácticas la formulación de una denuncia penal previa por violación o, en su caso, de una declaración jurada ante defensor oficial o asesor de incapaces.
Según el escrito presentado por el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, la norma dictada por Urtubey contraviene cinco artículos de la Constitución Nacional, ocho artículos de la Constitución de Salta, y vulnera al menos cinco instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos incorporados a la Constitución Nacional.
La acción ejercida por esta organización civil persigue no solo que el máximo tribunal de justicia provincial declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del Decreto 1170/12 citado, sino también la inaplicabilidad de cualquier otra norma, reglamento, circular, protocolo o instrucción que pudiera llegar a dictarse en consecuencia con el citado Decreto.
Las accionantes piden además a la Corte de Justicia que ordene al gobierno que disponga lo necesario para reglamentar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles; que se ordene también la realización de campañas de información pública, con especial atención en los sectores vulnerables, que permita que se conozcan los derechos que asisten a las víctimas de violación; y que se obligue al gobierno a adherir a la guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles, que ha sido elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación.
Algunos fundamentos
En el escrito se señala, para empezar, que el Decreto 1170/12 es inconstitucional porque establece, por la vía reglamentaria, requisitos no previstos en una norma con rango de ley.Se dice también que la obligación de denunciar o de formular declaración jurada erige un obstáculo dilatorio o disuasorio a la posibilidad de abortar libremente en caso de violación, establecida con claridad en el artículo 86 del vigente Código Penal; que tal obligación comporta además una violación del carácter privado de la instancia de la que depende la persecución pública de un delito, y que la intervención de un magistrado del Estado, formal y sustancialmente ajeno a los servicios sanitarios, comporta una grave lesión a los principios de autonomía y de confidencialidad que informan las prácticas médicas.
Del mismo modo, se argumenta que el Gobernador de Salta carece de facultades constitucionales para alterar por vía reglamentaria una norma de carácter sustantivo y que el principio de independencia de los poderes del Estado prohibe al Gobernador dar instrucciones de cualquier naturaleza al Ministerio Público. Se hace hincapié en el escrito en el hecho de que la posibilidad de que los magistrados de aquel poder independiente actúen como receptores de declaraciones juradas particulares no se halla prevista en las leyes que regulan sus actuaciones.
El escrito ataca también la "cláusula de salvaguardia" del Decreto 1170/12 que deja abierta a los médicos la posibilidad de oponer la objeción de conciencia, al señalar que el derecho de objetar es eminentemente individual y que, por tanto, no puede tener una formulación "institucional" sin violentar los principios generales del Derecho.
El Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades afirma también que la postura oficial del gobierno de la Provincia de Salta entroniza una suerte de "violencia institucional" contra la mujer, prohibida expresamente en las leyes, y pone entre otros ejemplos de esta conducta ilegal unas declaraciones de la Ministra de Derechos Humanos, María Silvia Pace, en la que la funcionaria se muestra partidaria de que el gobierno y los profesionales del hospital público salteño "ayuden a pensar y reflexionar" a la paciente sobre "la decisión que acaba de tomar".