Decididamente, algo no funciona bien en Salta. Cualquiera que se haya tomado el trabajo de leer las páginas de sucesos de los principales medios provinciales durante el último año, podría llegar a la conclusión de que en Salta el abuso sexual es una especie de práctica deportiva de alcance provincial, en la que los salteños baten continuamente sus propias marcas de perversión y las salteñas (y las forasteras) se llevan la peor parte. Pero entre la literatura y la realidad hay diferencias notables.
Lo que sucede en Salta es que los tribunales de justicia y los medios de comunicación carecen de respuestas serias y convincentes a la hora de tratar sucesos como estos. Unas carencias que son especialmente graves cuando en estos hechos aparecen involucrados -generalmente como víctimas- personas menores de edad.
Jueces y periodistas disfrutan intercambiándose palabras, gestos y juicios para describir situaciones desagradables. Tal parece que, para ambos colectivos, escandalizarse es la mejor forma de combatir esta patología social; y calificar a los agresores como depravados, degenerados o pervertidos constituye un recurso mágico con el que se espera acabar con este tipo de hechos.
Tal vez si entre todos se pusieran de acuerdo para rebajar el tono del escándalo y abordar estas cuestiones con mayor frialdad comenzarían a aparecer las soluciones que la gravedad de la situación amerita.
Si, por ejemplo, los medios adoptaran un código autorregulatorio para informar sobre los ataques a la libertad sexual y evitaran caer en vulgaridades peligrosas como la de entrevistar a padres irresponsables o desinformados que con sus declaraciones no hacen sino favorecer la identificación de la víctima, se daría un gran paso en la dirección correcta.
Si las portadas de los diarios digitales dejaran de rendir tributo a la sensualidad más primitiva publicando fotografías singularmente degradantes de la condición femenina y dejaran de exaltar las «hazañas» sexuales de determinados personajes mediáticos, estaríamos enviando a la sociedad señales concretas de que nos estamos tomando este asunto en serio.
Si nos pusiéramos de acuerdo en dar a la presunción de inocencia el valor que universalmente tiene reconocido como derecho fundamental de las personas; y si nos esforzáramos entre todos para proteger al máximo la identidad de las víctimas, evitando contar detalles innecesarios de su calvario, las cosas podrían mejorar sustancialmente.
Comenzarían a aflorar entonces las clamorosas necesidades de educación sexual y de formación en valores, que padecen tanto el sistema educativo formal como las familias, casi a partes iguales. Se pondría de manifiesto también la relación estrecha y directa entre la pobreza material y la pobreza moral que afecta a muchas familias salteñas. Y emergería también la necesidad de contar con políticas serias de protección de nuestra infancia más vulnerable.
Los jueces y tribunales tendrían también la oportunidad de aplicar castigos justos y adecuados a la gravedad de los hechos, sin necesidad de internarse en los resbaladizos terrenos de la «punición preventiva», un remedio escandaloso que muchas veces conduce a privar de su libertad sin razón a personas por la simple sospecha de entablar conversaciones o comunicaciones con menores de edad.
Para todo ello hacen falta decisión política y profesionales serios, tanto en la administración, como en la judicatura, como en los medios de comunicación. Pocos son los que dudan que estos profesionales existen, pero casi todos están de acuerdo en que, hoy por hoy, no son ellos quienes están al frente del combate contra este pernicioso fenómeno social.