El rodillo informativo del aparato de comunicación pública del gobierno de Salta ha echado a rodar. Pero no para cumplir con los cometidos que prevén los reglamentos vigentes sino para servir como plataforma de difusión de los actos encubiertos de campaña que celebran los candidatos 'oficiales' ungidos por el gobierno. Como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, el espacio y el dinero público originalmente destinado a informar a los ciudadanos y a los medios sobre los actos de gobierno, se encuentra hoy al servicio casi exclusivo del interés personal y de la imagen de unos candidatos que no ostentan cargos en el gobierno, pero que parecen dispuestos a colarse en cuanto acto público les garantice la máxima exposición mediática y el mínimo gasto económico.
La factura de estos excesos la paga el Estado, es decir, todos los salteños. Tanto los que apoyan al gobierno y simpatizan con sus candidatos, como los que no desean verlos ni en figuritas.
A más de cinco meses de la celebración de las elecciones, el parte diario que resume para los medios la actividad del gobierno se ha convertido en un cuaderno de bitácora de la campaña de los candidatos que abusan de los recursos públicos para instalar su imagen en la ciudadanía.
De golpe, comienzan a producirse inauguraciones por doquier, entrega de terrenos, casas, computadoras y diplomas varios, así como informes pormenorizados acerca de la contundente eficiencia gubernamental, en actos en los que la presencia de los candidatos sin cargo ni responsabilidad en el gobierno es invariable.
Luces, micrófonos, cámaras, tribunas, locutores y hasta folkloristas «de Estado», cuyos honorarios son satisfechos generosamente por el gobierno, forman parte de la parafernalia oficial puesta al servicio de los candidatos de una parcialidad. Los excesos llegan, incluso, al cotillón y al catering.
Disfrutan de esta magnífica y antidemocrática vidriera gratuita el candidato a senador nacional Rodolfo Julio Urtubey y el candidato a diputado nacional Rubén Fortuny. Más tarde se sumarán otros, multiplicando el gasto y aumentando ilícitamente sus posibilidades de ser electos, en perjuicio de la competencia libre, leal y transparente que esperan los ciudadanos y garantiza el sistema vigente.