La jueza Beatriz del Olmo de Perdiguero, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial de Séptima Nominación de la ciudad de Salta, ha concedido ayer el amparo solicitado oportunamente por el abogado Gonzalo Guzmán Coraita y, en consecuencia, ha resuelto condenar a la Secretaría de Comunicación del gobierno de Salta a que entregue al peticionante, entre otra documentación, el listado de los medios de mayor penetración o audiencia, confeccionado según lo previsto en el Decreto 57/2002. La condena judicial tiene lugar después de que la Secretaría de Comunicación del gobierno de Urtubey fuera requerida formalmente por Guzmán Coraita para que informase públicamente acerca de los gastos en publicidad oficial y su distribución entre los diferentes medios.
Según el peticionante, este requerimiento fue cumplido solo parcialmente y de forma extrajudicial por el gobierno, que puso a disposición de aquél las copias de las resoluciones administrativas que amparan los pagos efectuados por la Secretaría de Comunicación durante los meses de octubre y noviembre de 2011.
A pesar de ello, la Secretaría de Comunicación -a cargo de Juan Pablo Rodríguez- siguió negándose a informar el listado de medios de mayor audiencia y penetración, así como a la entrega del resto de la documentación solicitada en su momento, por lo que Guzmán Coraita interpuso ante la justicia una acción de amparo, favorablemente resuelta por la jueza Del Olmo de Perdiguero.
Según informa ayer el blog Salta Transparente, que dirige Guzmán Coraita, ante la "conducta omisiva" de la Secretaría de Comunicación, la magistrada resolvió que en un plazo de cinco días a contar desde la notificación de su sentencia, el gobierno de Urtubey deberá "entregar la información debidamente documentada, bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia judicial y de aplicar sanciones conminatorias".
La magistrada señala en su resolución que “todo ciudadano goza del derecho a estar informado y, a su vez, a obtener la información que conste en documentos y registros públicos, sin que sea menester acreditar el motivo de su solicitud”.
Puntualiza la sentencia que la conducta de la Secretaría de Comunicación del gobierno de Salta “ha lesionado el derecho del actor a acceder a la información pública, en el ejercicio de peticionar ante las autoridades”.
Guzmán Coraita se ha mostrado satisfecho por el pronunciamiento judicial y ha dicho que la entrega de la documentación por parte de la Secretaría de Comunicación "permitirá finalmente constatar si se cumplen en Salta las normas que regulan la publicidad oficial o si la misma se reparte de manera discrecional".