Dirigentes de la corriente interna "Radicales por la Gente", que aspira a colocar en la presidencia del comité provincial de la Unión Cívica Radical de Salta al vallisto Miguel Nanni, han saltado a la arena mediática calificando a su contrincante -la lista que postula a Ana María Hernández- como "un sector enquistado en reducidos espacios de poder interno (...) dispuesto a incursionar por todo tipo de estrategias de marginamiento dirigidas hacia quienes no comulgamos con su visión política". En una comunicación escrita difundida ayer a los medios por el exconcejal Carlos Humberto Saravia, los partidarios de Nanni denuncian también que el órgano electoral partidario (la junta electoral) está cometiendo irregularidades que benefician a la lista contraria, que "tiene cabal convencimiento de que va a ser derrotada de llegarse a una elección interna".
Haciendo gala de la moderación verbal que caracteriza a los dirigentes del radicalismo salteño, la florida pluma del abogado Saravia achaca "falta de hidalguía" a sus interlocutores, y proclama que ambos proyectos -el propio y el ajeno- son "irreconciliables".
Más adelante, el comunicado de "Radicales por la Gente" se muestra partidario de "terminar con la mezquina idea de quienes hoy solamente pueden exhibir fundamentalismo ético para castigar y descalificar al correligionario".
Pero a los fundamentalistas descalificadores no solo les falta hidalguía, sino también valor para confrontar con los "proyectos políticos" (cita textual del comunicado) de Urtubey y Kirchner.
También se califica a la junta electoral partidaria como "obsecuente". De ella se dice que aplica la arbitrariedad y que provoca perjuicio a los dirigentes del interior que han conformado listas genuinas.
Dice también que la palabra de la actual presidente del Comité provincial es "volátil" y que su corriente "intenta habilitar conversaciones de manera extorsiva". A la presidente se acusa también de "utilizar aviesamente ilegales tributos del órgano electoral".
Entre los comportamientos abyectos del contrario se cita por ejemplo la falsificación de firmas de candidatos, el ejercicio de ilegal presión sobre miembros de la junta electoral y el uso mediático de versiones falsas para tratar de socavar la candidatura del contrario.
No se ha salvado ni tan siquiera el abogado Sebastián Posadas Saravia, hijo del presidente de la Corte de Justicia de Salta, asesor jurídico de la junta electoral radical, y de quien se dice "madura los criterios aberrados".
Otro de los demolidos por la piqueta verbal del exconcejal es el presidente del Comité Capital, José María Farizano, que al parecer ha guardado silencio frente a las presuntas irregularidades denunciadas. De Farizano se dice que es directo beneficiario del fraude y que ha claudicado en sus posturas éticas.
Lo curioso es que, a pesar de estas gravísimas acusaciones, el espíritu fraternal de los radicales de Salta impulsa a unos y a otros a seguir llamándose "correligionarios".