El pleno de la Cámara de Diputados de Salta dio anoche media sanción a un proyecto de ley que ordena la intervención al Departamento Ejecutivo del Municipio de Salvador Mazza. El trámite parlamentario del proyecto continuará ahora en el Senado provincial, que podría convertirlo en ley esta misma semana. Si bien la Constitución de Salta solo autoriza al Poder Legislativo provincial a intervenir un municipio en casos de ausencia de autoridad, graves desórdenes financieros o crisis institucional, una sólida mayoría de diputados ha dado por sobreentendido que la conducta del Intendente del lugar -que fue detenido en el interior de un prostíbulo de Salta cuando agentes federales realizaban un procedimiento relacionado con la trata y la explotación sexual- constituye un supuesto de «gravedad institucional».
No obstante, los diputados que intervinieron en el debate, lejos de reflexionar sobre la trascendencia institucional del suceso y de justificar la medida en una situación de crisis, se dedicaron a juzgar la conducta del Intendente, tarea para la cual el Poder Legislativo es manifiestamente incompetente.
Faltos de argumentos jurídicos y racionales, la mayoría de los diputados intervinientes prefirió echar mano de las emociones y de los epítetos. Algunos, en los límites de la sobreactuación, se cargaron de razones y no ahorraron improperios contra el Intendente Carlos Villalba. El presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, lo llamó «pobre infeliz», mientras que el diputado Mario Oscar Ángel, representante del Departamento de San Martín, lo calificó de «sinvergüenza».
El proyecto de intervención resultó a la postre aprobado con solo dos votos en contra: los que emitieron los diputados Cristóbal Cornejo y Darío Valenzuela, ambos del Partido Renovador de Salta, aliado del gobierno provincial.
A la hora de justificar su voto negativo, el diputado Valenzuela dijo que si bien es partidario de que el intendente Villalba abandone su cargo, no está de acuerdo con el proyecto de intervención porque supone el avasallamiento de la autonomía municipal. Entiende Valenzuela que el Concejo Deliberante debe conformar una comisión investigadora para evaluar la conducta del intendente y eventualmente proceder a su destitución.