Cualquiera que lea este titular sin las debidas precauciones -y sin poseer conocimientos mínimos acerca del folklore político salteño- podría llegar a pensar que los tobas, chorotes, chulupíes y otras tribus indígenas preparan una irrupción o ataque inesperado contra la ciudad de Salvador Mazza, ubicada en la ardiente y siempre conflictiva frontera de Salta con Bolivia. Pero no. No se trata de una amenaza de malón sino del anuncio de un «castigo institucional» efectuado por el presidente de la Cámara de Diputados de Salta, señor Santiago Manuel Godoy, conocido por su original y a la vez originario alias de "El Indio".
Se conoce que al señor Godoy esto de la autonomía municipal le suena a cuento chino. Por eso, está dispuesto a demostrarlo con cuantos gestos de autoridad hagan falta para convencer a los municipalistas más contumaces de que por encima de cualquier autonomía local está la soberanía del poder constituido que el propio Godoy preside junto a su larga legión de vástagos.
Tras el sonado escándalo del intendente Carlos Villalba, que fue sorprendido en actitud sospechosa en un lugar en donde había mujeres que ejercían la prostitución contra su voluntad y en aparentes condiciones de esclavitud, se ha desplegado inmediatamente el abanico de posibles soluciones para forzar su salida del cargo.
Lo lógico sería que el Intendente, detenido pero hasta ahora no imputado de delito alguno, dimitiera de su cargo y se dedicara a demostrar su inocencia, si ésta existiese. Pero como el hombre resiste, se plantea su destitución por parte del Concejo Deliberante de aquella ciudad o, incluso, un remedio bastante más radical como la intervención del Municipio por parte del poder político provincial.
"Si Villalba no renuncia, intervendremos Salvador Mazza", ha dicho el Indio con ese énfasis lugareño tan suyo.
Ahora bien, de algún lugar escondido de nuestro complicado Derecho Público Provincial deberá rascar el aguerrido Indio una norma que le permita allanar tan alegremente la autonomía municipal garantizada por la Constitución frente a un caso simple de un Intendente presuntamente incurso en una conducta inmoral.
Porque la Constitución solo prevé el remedio de la intervención para solucionar problemas muy concretos como la ausencia total de autoridad (la mal llamada "acefalía"), las situaciones de crisis o gravedad institucional y el peligro para la estabilidad financiera o para la prestación adecuada de los servicios públicos que se deriva de la falta de pago de los préstamos.
Fuera de estas causales, la vieja Ley Orgánica de Municipalidades solo prevé la intervención como recurso para evitar que la situación de una Municipalidad haga imposible la regular administración de los intereses que le han sido confiados por la Constitución y la propia ley.
Es decir, que solo frente a un descalabro institucional de cierta magnitud (que en el caso del intendente Villalba no parece haberse producido) el Poder Legislativo puede sancionar una ley que disponga la intervención de un Municipio.
Pero el Indio es el Indio, y si no es la fuerza de la ley y de la razón, impondrá la intervención "por cojones", que para eso dispone de los votos familiares suficientes en la Cámara que preside.