La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Salta, que preside el señor Lucas Javier Godoy, ha demostrado que funciona como si fuera una ONG y que, más que a legislar y a cumplir con su papel institucional, se dedica al activismo ideológico. En un gesto que registra pocos precedentes en la historia del Poder Legislativo salteño y que adquiere una insólita gravedad en tanto supone una indebida injerencia en los asuntos internos de otra provincia, la mencionada comisión ha emitido un comunicado, que lleva la firma de Godoy, y en el que se expresa el repudio de los diputados al reciente fallo de un tribunal penal de la Provincia de Tucumán que absolvió a los acusados de la desaparición de la joven Marita Verón.
Si bien este polémico fallo ha recibido críticas desde prácticamente todo el arco político y social, no parece razonable que la Cámara de Diputados de Salta, obligada no solo a respetar los pronunciamientos de los tribunales de justicia sino también la división de poderes y la autonomía de la Provincia de Tucumán, condene lo que los jueces han decidido en ejercicio de las facultades que les son propias.
Dice el comunicado que firma Godoy que «para quienes día a día trabajamos y luchamos por los derechos humanos, entendemos que este proceso judicial deja en evidencia la necesidad de profundizar la democratización de la justicia».
El pequeño problema que se interpone entre la realidad y los buenos deseos del joven diputado Godoy, es que la democratización de la justicia tucumana (objetivo que Godoy no dice ni siquiera en qué consiste) es un asunto que compete, entre otras instituciones, al Poder Legislativo de esta Provincia, pero no a los diputados de Salta.
Finaliza la declaración de Godoy y compañía diciendo que los legisladores integrantes de la comisión de Derechos Humanos ratifican su compromiso de continuar trabajando para erradicar esta forma de esclavitud moderna, la trata de personas, y expresamos nuestra solidaridad y compromiso con la lucha de Susana Trimarco y su nieta Micaela, y con las familias que a diario buscan justicia ante estos aberrantes delitos.
Un trabajo cuyos frutos, dicho sea de paso, no son muy visibles en la Provincia de Salta, en donde a pesar de los esfuerzos y el compromiso de Godoy y los suyos, las mafias que trafican con seres humanos siguen campando a sus anchas.
Sería mucho más interesante y preferible que Godoy y los diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos sacaran a relucir menos sus pergaminos en la lucha contra la esclavitud moderna, y empezaran por un objetivo más modesto: respetar el trabajo de los otros poderes del Estado y respetar a las jurisdicciones provinciales que no son la suya.