El denso aire de la frontera parece haber anestesiado el buen criterio jurídico y el sentido común de los senadores nacionales por Salta, Juan Carlos Romero y Sonia Margarita Escudero. En una parada más de su gira proselitista por localidades del norte salteño, ambos legisladores visitaron las surrealistas oficinas del Juez Federal de Orán, señor Raúl Reynoso, de quien recibieron las quejas por la falta de recursos que afecta a la justicia federal y que -según el juez- dificulta su misión de luchar contra la actividad delictiva en la frontera.
Romero y Escudero departieron con el juez Reynoso atrapados en un escenario muy particular. Basta con ver la iconografía y la decoración de la oficina del juez federal para darse cuenta de que los problemas de la justicia no son solamente de carencia de medios para enfrentar al crimen organizado sino también, y en gran medida, de buen gusto.
Entre estatuas de santos, flores de plástico, retratos de cumpleaños de quince, y bajo el imponente manto de una pared llena de diplomas hasta el techo, los senadores escucharon el relato del magistrado sobre la falta de infraestructura carcelaria y judicial, de recursos humanos y de fuerzas de seguridad nacionales.
Los legisladores, que acudieron a la reunión en compañía de la exdiputada nacional romerista Zulema Beatriz Daher, calificaron la situación del Juzgado Federal de Orán (la institucional, no la estética) de "preocupante".
Dicen Romero y Escudero en una comunicación de prensa que el juzgado solo dispone de diecinueve personas, de las cuales solo cuatro son abogados, a pesar de que allí se tramitan actualmente unas 19.800 causas.
Añaden los senadores que se trata de “una lucha desigual (sic) contra el narcotráfico y el contrabando incesante de mercaderías”.
Al decir esto, ninguno de los dos se ha detenido a pensar que la lucha de un Estado de Derecho contra el crimen organizado es siempre una lucha desigual y así debe serlo. Si lo que se proponen Romero y Escudero es intervenir para que la lucha de la ley contra los delincuentes sea una lucha equilibrada y entre iguales, lo verdaderamente "preocupante" no es la situación del Juzgado Federal de Orán sino la temeraria idea que sustentan los senadores nacionales por Salta sobre la efectiva igualdad entre la ley y los delincuentes.
No obstante, el juez ha incidido en el hecho de que los escuadrones de Gendarmería disponen de la mitad del personal necesario para hacer frente a los desafíos; que los efectivos deben soportar amenazas constantes contra su vida y la seguridad de sus familias, y que los empleados del juzgado afrontan largas jornadas laborales sin tener el beneficio de zona desfavorable que se paga en la Patagonia.
En lo referido al contrabando, el juez ha dicho que “en los operativos hay sólo seis o siete gendarmes contra sesenta bagayeros o, a veces, hasta un centenar, que se trasladan en caravanas de varios vehículos”.
Finalmente, el juez Reynoso ha pedido a los legisladores una cárcel federal para el norte de Salta, la puesta el marcha del recientemente creado Juzgado Federal de Tartagal y la creación de un nuevo tribunal oral en lo criminal federal con sede en la ciudad de Orán.