El desguace, la separación de materiales y piezas reutilizables, reciclables o valorizables por otros medios; la compactación de vehículos que han llegado al final de su vida útil y la descontaminación del suelo son actividades económicas que todos los años mueven enormes cantidades de dinero en la mayoría de los países avanzados y en buena parte de los países en desarrollo. La situación no es diferente en Salta, en donde la Municipalidad ha anunciado el comienzo de una ambiciosa operación de 'limpieza' de los canchones en donde duerme desde hace varias décadas una superpoblación de vehículos inútiles, retirados de la circulación por variadas causas legales y reglamentarias.
La Municipalidad ha puesto el acento en los aspectos sanitarios de la operación y, en menor medida, en los aspectos medioambientales, pero nada dice ni parece que vaya a decir acerca del negocio subyacente que, según la información oficial, ha sido puesto en manos de una empresa que deriva el material compactado a las 'acerías de la región' (sic).
La información oficial dice que se han compactado ya en Salta más de 700 toneladas y que se encuentra en marcha la compactación de 1.200 vehículos, entre motocicletas y coches, cuyo destino final serán, como es de suponer, 'las acerías de la región'.
Parece evidente que estas 'acerías' (que no deben ser muchas, si se tiene en cuenta el escasísimo desarrollo de industria pesada regional) no recibirán este valioso material gratuitamente y por su buena cara, aunque si lo hicieran correspondería preguntarse a título de qué.
Si, como es de suponer, la empresa compactadora vende a las acerías el material obtenido en los canchones (metales, plásticos, cartones, caucho y cristales), sería muy bueno que los ciudadanos conocieran la extensión y los límites del negocio, para saber no solo cuánto dinero produce sino quién se lleva la parte más sustanciosa del achatarramiento de unos vehículos que ya no tienen dueño.
Si el producto de la venta es la remuneración de la compactadora, convendría saber si esta contraprestación es justa; es decir, si guarda relación con el valor de los trabajos de compactación, o si detrás de ella se esconde una jugosa plusvalía que se escapa al control de los ciudadanos.