El senador nacional por Salta y exgobernador de la Provincia entre 1995 y 2007, Juan Carlos Romero, ha hecho escuchar su opinión en una jornada en la que los docentes de Salta, en conflicto con el gobierno provincial, han sacudido con una marcha los cimientos del poder. El legislador ha defendido un proyecto de ley que busca reformar el Código Penal para agravar las penas de los delitos cuando las víctimas de estos sean docentes.
Lo sorprendente no es esto sino que Romero haya afirmado que hay que «proteger el esfuerzo de los maestros y priorizarlos en el tratamiento de los temas que al sector les preocupa».
Romero habla, desde luego, de los hechos de violencia de los que son víctimas los docentes pero cuando estos son perpetrados por los alumnos o por sus padres, y no cuando la violencia provenga del Estado.
El legislador ha añadido que «el recurso a la violencia y el hecho de que la misma recaiga sobre docentes, con motivo o en ejercicio de sus funciones, es un indicador harto elocuente de la preocupante degradación de principios básicos de convivencia social que verificamos a diario en nuestro país».
Para Romero -supuestamente enfrentado con Urtubey y su gobierno- las situaciones de violencia contra los maestros obedecen al «abandono que el gobierno provincial ha hecho de la educación y del sistema educativo».
Durante sus doce años como Gobernador, Romero enfrentó con dureza a los docentes que exigían mejoras salariales. Su gobierno será recordado, entre muchas otras cosas, por los repetidos episodios de represión policial contra los docentes huelguistas y por el descalabro mayúsculo de la calidad, transparencia y eficacia del sistema educativo provincial.
Afortunadamente el senador ha recuperado sus buenos modales y piensa ahora que es su deber «proteger el esfuerzo de los maestros».