El senador Juan Carlos Romero deberá declarar personalmente en la causa La Ciénaga

La Corte de Justicia de Salta ha ordenado que el senador nacional Juan Carlos Romero comparezca a prestar declaración como imputado en la investigación judicial abierta por el caso La Ciénaga.

El tribunal ha adoptado esta decisión después de desestimar una alegación de nulidad presentada por los abogados de Romero contra el acto de notificación de una sentencia anterior, pronunciada por la misma Corte, que en su día desestimó el recurso de casación con el que Romero pretendía evitar su citación personal como imputado.

Según la Corte, Romero deberá ahora presentarse personalmente a declarar, sin necesidad de tramitar previamente su desafuero; esto es, sin que sea necesario allanar los privilegios parlamentarios de que goza por su condición de legislador nacional.

Según informa hoy el portavoz de prensa del Poder Judicial salteño, la sentencia de la Corte de Justicia que desestimó el pedido de casación fue notificada a la representación procesal de Romero el pasado día 5 de septiembre, mientras que la alegación de nulidad del acto de notificación fue registrado el día 7 de octubre.

La Corte ha recordado a Romero que desde el 5 de septiembre el expediente permaneció a disposición en la Mesa de Entradas del tribunal, sin que conste que durante el plazo previsto por la ley procesal los abogados del senador hubieran interpuesto recurso extraordinario federal o realizado alegaciones en cualquier sentido.

Esta contingencia procesal se produce -llamativamente- a muy pocos días de que se celebren en Salta las cruciales elecciones que definirán el nombre de los tres ciudadanos que representarán a Salta en el Senado nacional. Romero aspira a su reelección y si bien el resultado de las pasadas elecciones internas indica que al menos él lograría retener su escaño, el margen de votos que lo separa de su más inmediato perseguidor -Alfredo Olmedo, nuevo aliado del gobernador Urtubey- podría estrecharse y poner así en riesgo la reelección de Romero.

En caso de perder su escaño y, por tanto, su condición de aforado, Romero se expone a una larga travesía por los pasillos judiciales.