La Cámara Federal de Apelaciones de Salta, tribunal integrado por los magistrados Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, Roberto Loutayf Ranea y Jorge Luis Villada, expresó su "enérgico rechazo" a los actos de violencia registrados el pasado miércoles 7 de marzo en el Juzgado Federal N° 2 de Jujuy. Según expresa el tribunal en los considerandos de la resolución 15/12, fechada el pasado día 12 de marzo, un informe preliminar
remitido por el juez subrogante, Carlos M. Olivera Pastor, que da cuenta de que una manifestación de 200 a 300 personas ingresó por la fuerza a la sede del juzgado mencionado, "sobrepasando la guardia policial existente en esos momentos".
La irrupción de estas personas derivó en hechos de violencia física contra el personal del juzgado, algunos de cuyos funcionarios sufrieron lesiones de diversa consideración. Señala la resolución judicial que los agresores intimidaron al personal judicial de dicha dependencia mediante actos de violencia física y psicológica.
Agrega que se produjo también una situación de "toma del tribunal y retención de sus integrantes, de abogados de la matrícula y de ciudadanos que se hallaban en el lugar y que no podían retirarse de allí", que duró aproximadamente unas dos horas.
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta denuncia que el juez Olivera Pastor, presionado por las circunstancias, se vio obligado a recibir en su despacho a "representantes de la manifestación, algunos de ellos abogados matriculados, quienes exteriorizaron su interés en conocer la marcha de causas judiciales en las que se investigan violaciones a los derechos humanos en esa provincia".
El tribunal salteño dice que los hechos narrados le "generan una enorme preocupación" y la necesidad de rechazar tales hechos de violencia que no se condicen con la paz social, con la pacífica convivencia democrática y con el respeto debido a las instituciones de la República y a sus ciudadanos. Señala que este tipo de hechos afecta a la independencia del Poder Judicial y "resulta intolerable en un Estado de Derecho".
Concluye el pronunciamiento de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta poniendo en conocimiento de lo sucedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, al Ministro de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, a la Ministra de Seguridad de la Nación, a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y a la Federación Latinoamericana de Magistrados.