A pesar de que ninguno de los once apartados del artículo 166 de la Constitución de Salta faculta al Ministerio Público de esta Provincia a ejercer como "proveedor de formación", el Procurador General, señor Pablo López Viñals, y el Ministro de Seguridad del gobierno provincial, señor Maximiliano Troyano, se han puesto de acuerdo para que el Ministerio Público lleve adelante un programa de formación permanente destinado a cuadros y agentes de la Policía de Salta. Según la comunicación oficial del gobierno, no se trata de una formación cualquiera, ni siquiera accidental; antes al contrario, tiene como finalidad enseñar a los policías de Salta a aplicar nada menos que el nuevo Código Procesal Penal (cuya última reforma ha supuesto una descomunal transferencia de poder a los agentes fiscales del Ministerio Público salteño); pero también "realizar capacitaciones permanentes a policías en temas procesal penal y judicial, protocolos de procedimientos entre otros".
Dejando de lado la novedad que supone la existencia de una materia "procesal judicial", lo cierto es que el acuerdo entre los señores Troyano y López Viñals supone todavía más poder para el Ministerio Público.
Si la reforma procesal confería ya a los fiscales generosas facultades en materia de investigación de delitos, libertades personales e impulso de las causas, ahora se suma el poder de fabricar "policías de diseño", capaces de actuar de forma disciplinada y eficiente según los criterios doctrinales y directrices procesales de un órgano vertical y jerarquizado como el Ministerio Público.
A pesar de que el acuerdo "fomativo" es poco respetuoso de la autonomía funcional, tanto del Poder Ejecutivo como del Ministerio Público, Troyano y López Viñals avanzan hacia lo que previsiblemente será la subordinación total de la Policía de Salta al poder de los agentes fiscales.
Del comunicado oficial difundido ayer por el gobierno no surge que al Ministro de Seguridad se le haya ocurrido llenar el supuesto vacío formativo de los policías salteños echando mano de las universidades locales o de las instancias académicas de los institutos de formación policial.