Tras la celebración de la audiencia del día de ayer, a la que solo faltó que fueran citados el Arzobispo de Salta y el jefe regional de la Gendarmería, el juez Héctor Martínez, titular del Juzgado de Garantías de Primera Nominación de la ciudad de Salta, ha decidido que el propietario de la finca San Miguel deberá retirar la tranquera erigida en el llamado “Camino de la Virgen”, que conduce a la comunidad originaria de Las Pailas, a pocos kilómetros de la ciudad salteña de Cachi. Además del "destranquerazo", el juez intimó tanto al propietario de la finca como a los integrantes de la comunidad diaguita calchaquí Las Pailas a «respetar estrictamente los espacios de ocupación que cada uno cuente en el inmueble». Paralelamente, exhortó a ambas partes a «respetarse mutuamente» (amáos los unos a los otros) y a hacer lo propio con la integridad de las personas, prohibiendo el ejercicio de todo tipo de actos de violencia, ya sea psíquica o física.
El magistrado ha ratificado además que las partes deberán mantener el estado de cosas existente, lo cual no supone sino la extensión de la vigencia de la medida de prohibición de innovar acordada con anterioridad por el mismo juez.
Según el portavoz de prensa del Poder Judicial, durante la audiencia que se celebró ayer en el Salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial, cada una de las partes expuso su posición en el conflicto que las mantiene enfrentadas por la posesión y el uso de las tierras. Dice la información oficial que mientras el dueño de la finca es el legítimo tenedor de la propiedad, la comunidad originaria de Las Pailas reclama el predio invocando derechos ancestrales de la comunidad.
El juez Martínez -un exhortador nato- también exhortó a los organismos nacionales y provinciales con competencia en el asunto a que resuelvan pronto las actuaciones pendientes.
Si bien la convocatoria a la audiencia de ayer fue solicitada por la Fiscal Penal Nº 4, señora María Gabriela González, con la intención de alcanzar «un acuerdo transitorio», lo cierto es que tal acuerdo no ha sido posible, por lo que el juez ha debido imponer su autoridad, por medio de dos resoluciones jurídicamente vinculantes y unas veinticuatro exhortaciones, aproximadamente.