Aunque a veces algunos jueces dan la impresión contraria, la Justicia de Salta no es una banda de insurgentes armados y la "entrega de armas" anunciada hoy no significa una rendición de los magistrados ni un "cese el fuego" pactado. Se trata de armas que los diferentes juzgados y tribunales han secuestrado en diferentes procedimientos y que se encuentran almacenadas en el Depósito de Bienes Secuestrados del Poder Judicial de Salta.
Contagiados del espíritu sonoro de la pirotecnia navideña, el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Posadas, ha ordenado en estas fechas tan señaladas entregar las armas a los técnicos del Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales Controlados Secuestrados o Incautados.
Dice la información oficial que "el arsenal" (sic) trasladado para su destrucción en la ciudad bonaerense de Campana, en fecha a determinar, conforme al procedimiento establecido en la Ley Nacional 25238, a la que adhirió la Provincia de Salta mediante Ley 7635.
Consultada una alta fuente judicial sobre la elección de la ciudad de Campana para llevar a cabo la destrucción de las armas, la fuente dijo: "Es porque esa ciudad me suena".
La resolución 542 del presidente de la Corte de Justicia estableció además que hasta tanto el RENAR señale la fecha para la destrucción de las armas, la Dirección de Mantenimiento Edilicio del Poder Judicial deberá adoptar las medidas necesarias; esto es, echarles bien el candado para evitar que durante los próximos asuetos de los días 24 y 31 a algún empleado se le dé por efectuar "cuetazos" para despedir el año.
Como último refuerzo a la seguridad del "arsenal", el presidente de la Corte solicitó a Agrupación Salta de Gendarmería Nacional la designación de efectivos y vehículos para la custodia y el traslado a Buenos Aires de las armas de fuego y demás materiales decomisados y disponibles.