El Ministro de Seguridad de Salta, señor Alejandro Cornejo D'Andrea ha dicho en los micrófonos de una emisora de radio de Salta que el Partido Obrero está a favor de los que venden drogas al tratarlos de “perejiles” que no deben ser detenidos. Las declaraciones del funcionario son especialmente graves si se tiene en cuenta que su acusación no se dirige contra dirigentes concretos sino contra todo un partido político, que posee reconocimiento legal y tiene una creciente representación en las instituciones provinciales.
Aún no se conocen reacciones a estas afirmaciones por parte de los principales dirigentes del Partido Obrero ni tampoco se sabe que el ministro Cornejo D'Andrea haya rectificado o matizado las afirmaciones que hoy aparecen publicadas también en la web de la emisora FM 89.9.
La insólita afirmación del ministro forma parte de una calculada estrategia de deslegitimación orquestada desde el gobierno provincial con la intención de erosionar la base de apoyo popular con que cuenta el Partido Obrero, convertido de hecho en la segunda fuerza política de la Provincia con serias aspiraciones de ser la primera.
Antes de esta manifestación, los ministros de Economía y de Educación habían salido a atacar al Partido Obrero señalándolo como la fuerza política que está motorizando las protestas y las huelgas docentes que traen de cabeza al gobierno y a sus aliados.
La venta de estupefacientes es un delito y, por tanto, la acusación que el Ministro de Seguridad ha dirigido al Partido Obrero es la de apoyar la comisión de un delito grave, lo que automáticamente obliga al funcionario a probar su acusación y revelar los nombres de los dirigentes que pudieran estar involucrados en estas conductas.
Es de suponer que en caso de que el ministro guarde silencio o no consiga probar su acusación, el Partido Obrero tendrá fundados motivos para exigir la dimisión del señor Cornejo D'Andrea.