La comparecencia ante la prensa del Ministro de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos y del Coordinador General de Tierras y Bienes de la Provincia ha resultado, como tantas otras veces, un fiasco mayor. A pesar del pobre resultado de la exposición, no ha de quitarse mérito a los funcionarios (Carlos Parodi y Sergio Usandivaras) que con sobriedad han dado la cara frente los inquisidores públicos, mientras tres cuartas partes de los funcionarios del gobierno todavía padecen los efectos de la borrachera (institucional) del Rally Dakar.
Lo más rescatable de la conferencia de prensa convocada esta mañana por el gobierno es el anuncio de que los terrenos fiscales, que hasta hoy se adjudicaban en propiedad a las familias en base a una amplísima discrecionalidad del gobierno, sin controles legales y ni judiciales de ninguna naturaleza, se someterán, a partir de hoy, a un procedimiento de sorteo público.
El anuncio es la respuesta política del gobierno a los graves sucesos de usurpación violenta de terrenos que desde el viernes pasado afectan a una vasta fracción de terrenos de propiedad pública en las cercanías de los barrios San Remo y Parque La Vega.
El avance es en cualquier caso parcial, por cuanto los funcionarios han anunciado también que las "preadjudicaciones" (nombre con que se conoce a los actos arbitrarios y clientelares de adjudicación directa, según la cara del cliente) ya realizadas por Tierra y Hábitat se mantendrán firmes y que el mecanismo de los sorteos reemplazará a la arbitrariedad con efectos ex nunc; es decir, de ahora en adelante.
En este sentido, los funcionarios han dicho que el primer sorteo de tierras se realizará el 31 de marzo próximo para 500 lotes en capital y el segundo se concretará en el mes de octubre.
Sin una ley que lo autorice y en base a la más pura discrecionalidad, el gobierno dice que dará prioridad en los sorteos a las personas que registren una inscripción de larga duración y a las familias con personas con discapacidad.
Para llevar más intranquilidad a los futuros propietarios de terrenos, los funcionarios han dicho que la metodología de los sorteos será similar a la del Instituto Provincial de la Vivienda, que, como es sabido, adjudicó las viviendas de protección oficial de Lomas de Medeiros a funcionarios, amigos y favorecedores del gobierno con una alta capacidad de renta y con otras propiedades inscritas en los registros inmobiliarios del país.
El ministro Parodi no ha querido dejar pasar la ocasión de dedicar unas palabras a las personas que se encuentran ocupando ilegalmente los terrenos públicos, aunque su elección de los verbos no ha sido la más feliz.
El funcionario ha dicho: «Esta gente se encuentra cometiendo un delito y estarían infligiendo (sic) a las normas vigente de la ley».
Infligir, infringir... ¿para qué nos vamos a pelear por unas pocas letras, verdad?