El Ministro de Ambiente y Producción Sustentable del gobierno provincial de Salta, señor Baltasar Saravia, ha organizado una pomposa ceremonia oficial para entregar a 14 comerciantes de Salta lo que él denomina «beneficio» y que consiste no en otra cosa que en una cantidad de dinero con la que el gobierno pretende resarcir o reparar -en parte- el daño que estos comerciantes han sufrido durante los primeros días del pasado mes de diciembre a causa de los hechos vandálicos que son por todos conocidos. No caben dudas que aunque el gobierno considere a esta entrega como un «beneficio» y la enmascare bajo el rótulo de «subsidio», se trata de una prestación indemnizatoria en toda regla, ya que no solo está destinada -como el propio gobierno admite- a aquellos comerciantes cuyos establecimientos sufrieron daños y pérdidas materiales derivadas de hechos vandálicos, sino que la entrega del dinero solo halla su justificación ética en la grave omisión en que incurrió el gobierno al mostrarse incapaz de mantener el orden público y la seguridad ciudadana entre los días 9 y 15 de diciembre de 2013.
En cualquier país civilizado del mundo la asunción de este tipo de responsabilidad pecuniaria (que conlleva la admisión de reponsabilidad en la producción del evento dañoso) hubiera requerido del rellenado de un formulario y de una simple y silenciosa transferencia bancaria.
Pero ha querido el gobierno de Salta -a pesar de la exigua cantidad entregada (en promedio, 3.165,64 pesos o 250 euros a cada damnificado)- que la entrega de la reparación se realice en una ceremonia en la que no han faltado ni el fotógrafo oficial de la Casa de Gobierno ni el preceptivo discurso del funcionario de turno en el que se ensalza al Gobernador y a su proverbial generosidad.
Es evidente que existiendo «beneficios» así, quién no querría sufrir perjuicios.