Quizá por la molicie propia de la temporada estival, quizá por el paso del Dakar, cuyos polvaderales han nublado el entendimiento de los funcionarios hasta convertirlos en auténticos entes, lo cierto es que el nivel de la escritura de los servicios jurídicos del gobierno de Salta se encuentra hoy en mínimos históricos. Prueba de este preocupante déficit es el texto del comunicado difundido en la mañana de hoy, con el que el gobierno pretende salir al paso de las usurpaciones masivas de terrenos que están ocurriendo en las proximidades de dos populosos barrios de la zona sur de la ciudad de Salta.
En dicho comunicado, tras anunciar que sobre los usurpadores caerá todo el peso de la ley, el gobierno se despacha con una insólita y pocas veces vista exhortación a los delincuentes usurpadores que hace pensar seriamente en que el comunicado ha sido redactado por un voluntarioso meritorio con segundo año de Derecho semiaprobado más que por un alto responsable de los servicios jurídicos del gobierno.
El párrafo en cuestión dice así: «El Gobierno de la Provincia apela a la buena fe de las personas que se encuentran cometiendo el delito de usurpación para que depongan su actitud y hagan escuchar su reclamo por los canales pertinentes. Nada se logra por la fuerza. Nada se soluciona si no se respeta la ley».
Huelga decir, que las personas que se encuentran cometiendo un delito doloso, como el de usurpación de inmuebles, previsto y reprimido por el artículo 181 del Código Penal argentino, no son portadoras de buena fe ninguna, ni siquiera residual.
Teniendo en cuenta el tono paternalista empleado por el comunicado, se entendería de alguna manera que el gobierno hubiera apelado al «buen corazón» de los usurpadores o a su «sensibilidad cívica», pero no a la «buena fe» , ya que ésta -entendida como la íntima convicción de la rectitud de la propia conducta- podría conducir a la exclusión de la antijuridicidad de la acción que el gobierno pretende criminalizar sin atenuantes.
Para cerrar el círculo del absurdo, correspondería que los usurpadores de San Remo y Parque La Vega emitan un comunicado urgiendo al gobierno a despedir a esos aprendices de abogados que por un lado los consideran delincuentes sujetos a la autoridad de los fiscales y, por el otro, los lisonjean hablándoles de su «buena fe».