Uno de los medios de prensa más prestigiosos del mundo y uno de los de mayor audiencia digital entre los de habla hispana -el diario El País de España- publica hoy un extenso reportaje sobre el caso que involucra al juez salteño Víctor Raúl Soria y la asesora de incapaces Claudia Flores Larsen. La publicación se refiere, en tono crítico, a la intervención que ambos magistrados provinciales han tenido en el proceso judicial que culminó con una orden que impide practicar un aborto legal a una niña de 13 años violada y embarazada por su padrastro.
El escrito, que lleva la firma del corresponsal en Buenos Aires, Alejandro Rebossio, aparece en la portada de la edición digital de El País, junto a una serie de opiniones y reportajes publicados a raíz de que en el día de hoy el Gobierno español, en la reunión de los viernes del Consejo de Ministros, ha aprobado la reforma de la ley del aborto en este país, considerada como la más restrictiva de la democracia.
Recuerda El País que en la Argentina, a pesar de que una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación elimina la intervención judicial en este tipo de casos, cada provincia ha elaborado su propio protocolo de actuación, y así lo ha hecho Salta, cuya regulación obliga a la víctima a presentar previamente una denuncia judicial.
Señala también que la norma salteña establece que, cuando la víctima embarazada es menor de edad, se debe informar al asesor público de menores, y agrega que cuando el asunto estuvo sobre la mesa de la señora Claudia Flores, ésta presentó un recurso de amparo con el argumento de defender la vida del feto.
Añade El País que el aborto se fue demorando hasta que el pasado día 13 de diciembre el juez Víctor Soria no solo estimó el recurso para impedirlo sino que además estableció que, una vez finalizado el embarazo, la niña deberá entregar el bebé en adopción.
La crónica también cita la intervención profesional de las abogadas Mónica Menini y Graciela Abutt Carol, quienes recurrieron la decisión de Soria, y menciona también el recurso presentado en el mismo sentido por la abogacía del Estado salteño.
Al referirse a los recursos presentados contra la sentencia, dice El País: "También lo hicieron otro asesor de menores y el propio Gobierno de la provincia, que está en manos de un peronista, Juan Manuel Urtubey, de perfil conservador pese a su alineamiento con el kirchnerismo".
Se trata, en cualquier caso, de una triste noticia para Urtubey, que durante años ha perseguido con obsesión ser considerado "progresista", tanto a nivel nacional como internacional.
Y preocupante, ya que la etiqueta de conservador no le ha sido colocada por un medio izquierdista o antiperonista sino por uno de clarísima inspiración liberal y de intachable trayectoria democrática.