El castigo de la muerte

Junta Militar argentinaA juzgar por el júbilo con que buena parte de nuestra sociedad recibió la noticia de la muerte natural en prisión de Jorge Rafael Videla y por la enorme cantidad y variedad de maldiciones, oprobios e improperios que recibió tras su deceso, se podría pensar que, para una buena cantidad de gente, era la muerte y no la prisión rigurosa y duradera impuesta por los jueces el mejor castigo para los crímenes cometidos por el personaje.

La sensación que se desprende de todo esto es que una mayoría bastante consistente de argentinos no deseaba en realidad que Videla cumpliera su condena en las condiciones previstas en las leyes y que mucha gente no estaba conforme con su completa derrota política, jurídica y moral, o con su execración pública, sino que lo que realmente colmaba sus ansias era que el dictador muriera en prisión, de la forma más miserable y dolorosa posible.

Por muy comprensibles que pudieran ser, en determinados contextos, reacciones como estas solo contribuyen a deslegitimar a la justicia argentina -así como a las leyes y procedimientos en que se basa-; y, en el peor de los casos, a hacer buenas las últimas opiniones del dictador en el sentido de que contra él y algunos de sus secuaces no se ha ejercido la justicia sino la venganza.

El regocijo por la muerte como castigo mayor y pena perfecta pone también en entredicho la sinceridad de nuestra opción moral como sociedad respecto a la abolición de la pena de muerte.

Pues si bien son muy pocos los que dudan del carácter manifiestamente cruel, inhumano e indigno de los crímenes cometidos por el condenado, aunque casi nadie cuestiona (ahora) que representó el mal absoluto, un mínimo de congruencia con nuestra opción colectiva respecto de la pena capital nos impone la obligación de valorar esa muerte (y cualquier otra parecida) como un hecho natural, quizá histórico, pero nunca como un hecho reparador y menos como la culminación de un proceso de justicia.

Si no somos capaces de tener claras algunas cosas tan elementales como las anteriores, estaríamos poniendo en serio riesgo la necesaria superioridad moral del Estado de Derecho y de la democracia respecto de aquellos que violan las leyes, desprecian la vida humana o destruyen nuestra convivencia. Probablemente, estaríamos abriendo también una peligrosa puerta por la que se podrían colar la tortura, la mutilación o, incluso, la humillación pública como castigos legítimos o deseables.

Algunos 'demócratas' se expresan