Resulta extraño que la familia de la fallecida Luján Peñalva haya puesto el grito en el cielo por la deficiente investigación del CIF, pero al mismo tiempo se haya mantenido en silencio cuando el juez de la causa, de forma innecesaria, divulgó a la prensa detalles de la intimidad corporal y datos sobre la actividad sexual de la fallecida. Si el juez pensó que era importante dar a conocer a la prensa que las manchas de sangre halladas en el pantalón de la joven fallecida no resultaban decisivas para reorientar la investigación de un posible suicidio hacia otras hipótesis, era más que suficiente que informara a los medios que los estudios periciales descartaban que tales manchas fueran producto de una acción violenta sobre el cuerpo de la fallecida.
Ninguna necesidad había de decir que esas manchas de sangre «se correspondían con el fin del período menstrual», como literalmente reza la información oficial del Poder Judicial de Salta.
Esta información no solo es inconducente, impertinente e inútil, sino que es significativamente violatoria de la intimidad, gravemente atentatoria contra la dignidad de una joven mujer fallecida, y manifiestamente irrespetuosa con su familia.
Ninguna razón justifica que el juez, fuera del proceso, utilice esas palabras y ventile con ellas unas circunstancias que a nadie interesan.
El mismo juez, por cierto, fue el que antes había difundido detalles muy minuciosos de los exámenes practicados a los cadáveres de las dos jóvenes fallecidas, en los que no ahorró referencias precisas a ciertas partes del cuerpo y a sus correspondientes fluidos; el mismo juez que había divulgado que una de las fallecidas había mantenido relaciones sexuales voluntarias antes de su muerte, cuando las circunstancias aconsejaban informar solamente acerca la inexistencia de signos de violación; el mismo juez que, finalmente, admitió que se unieran al expediente un número significativo de fotos de los cadáveres, obtenidas de forma poco transparente por una de las partes, sin preguntarse siquiera de qué modo la persona que filtró las fotografías pudo haber eludido el control judicial.
Ninguna razón jurídica ni de interés público ampara semejante celo informativo del magistrado.
Nuestro sitio web condena enérgicamente estas prácticas informativas, que parecen pensadas responder a los ataques que, con razón o sin ella, los órganos de investigación están soportando, más que para satisfacer un interés público actual y concreto.
Hay determinados detalles que el señor juez Pablo Farah, por respeto hacia la fallecida, a su familia y al resto de los ciudadanos, debe callar y mantener prudentemente dentro de los acotados límites del proceso.