El marketing y la ingeniería electoral han alcanzado entre nosotros tales niveles de sofisticación que la mayoría de ciudadanos comunes ya no es capaz de distinguir entre un político genuino, inclinado hacia el servicio público, y un millonario que solo instrumentaliza la política para aumentar su poder y hacer más cuantiosa y perdurable su fortuna. La manipulación de las ideas, los disfraces ideológicos, las alianzas secretas y el calculado reparto estratégico de los espacios de influencia entre rivales meramente aparentes han pervertido tanto a nuestro espacio público que ya nos parece normal que los ciudadanos sean llamados a elegir entre candidatos muy parecidos entre sí, como natural parece que la gente se crea que cada uno de estos representa opciones verdaderamente diferentes.
Aunque a decir verdad, no son ni el poder del dinero ni la influencia encantadora de la ingeniería electoral los únicos responsables de que hayamos llegado a semejante extremo de degradación.
La causa principal por la que los salteños se ven casi obligados a colocar en los principales cargos públicos electivos a miembros de una pequeña oligarquía -representada en la actualidad por los «enfants terribles» de los más conocidos clanes atávicos lugareños- debe buscarse en el deficiente diseño institucional de nuestra Provincia y en su prolongada estabilidad.
Entre los múltiples y variados daños que los militares, con sus continuas rupturas de la legalidad constitucional, han causado a la vida cívica argentina, debemos incluir el perjuicio que supone hacernos sobreestimar, más allá de cualquier razonabilidad, el valor de la estabilidad política y la intangibilidad de las constituciones.
Hace cinco décadas solamente, los problemas colectivos más graves se resolvían, bien con un golpe de estado (muchos de ellos reclamados por la ciudadanía), bien con unas elecciones populares que ponían fin a los gobiernos de facto. Quiérase o no, la innovación institucional, el cambio y la sucesión -normalmente brutal- en el poder formaban parte antaño de unas reglas del juego que, por lo menos, evitaban el enquistamiento de pequeñas oligarquías en el poder.
Ahora todo es diferente. Ya no se producen -afortunadamente- golpes de estado a la vieja usanza, pero las elecciones han dejado de ser populares, en sentido estricto. Han pasado a convertirse en meros plebiscitos sobre la figura de tal o cual millonario, y lo que antes era un recurso para promover la necesaria renovación institucional y el recambio de la dirigencia sencillamente ha dejado de servir para estos propósitos.
Lo curioso es que hay mucha gente conforme y satisfecha con esta peligrosa deriva en que ha incurrido nuestra política y a la que le parece normal -y hasta bueno- que el papel de los ciudadanos en la configuración de las instituciones y en la resolución de los problemas colectivos se limite a adoptar la decisión, no siempre libre, de qué millonario ha de tomar las riendas del poder.
Democracia, sí, pero de la mala
Muy mal debe de funcionar nuestra democracia cuando transcurridos treinta años desde su instauración los ciudadanos todavía se conforman con saber que nos rige una constitución -no un bando militar difundido por la cadena nacional al filo de la medianoche- y siguen considerando bueno o muy bueno todo lo injusto que sucede al amparo de unas normas constitucionales a las que se venera como un objeto sagrado.Es ridículo y hasta cierto punto ofensivo que los jueces en sus sentencias califiquen de «sabia» a la Constitución de 1853, como si los argentinos de hoy no fuesen capaces de dotarse de una mejor; o que llamen «egregio jurista» a uno de los glosadores que con más ahínco defendió la legalidad de los gobiernos militares y dio amplia cobertura moral a la violación sistemática de los Derechos Humanos.
Pienso que vivimos en una sociedad lo suficientemente madura y concienciada como para que alguien se dé cuenta de una vez que de aquella inveterada sabiduría constituyente y que de los destellos intelectuales de aquel insigne jurista ya fallecido se deriva este sistema perverso que sustrae a los ciudadanos cualquier protagonismo en la dirección de los asuntos que les conciernen.
Es impensable que no haya un solo salteño que piense, como yo, que este sistema perverso, al tiempo que posterga e ignora a una gran mayoría de ciudadanos, beneficia de una forma injusta y desproporcionada a unos señores que se llaman Romero, Urtubey, Olmedo o Zottos. Todos ellos antiguos aliados de los militares golpistas y cuya principal preocupación -por no decir la única- es la de poner a buen recaudo sus millones y asegurar -como dijeron los «sabios» hace 160 años- los beneficios de la riqueza, para su posteridad.
Sacar a estos «bon vivants» del centro de la escena política y devolver el poder a los ciudadanos es sin dudas una tarea ardua y difícil. Pero nada se conseguirá sin poner en entredicho la calidad y la justicia intrínseca de las normas y de las instituciones que nos rigen, porque en sus pliegues más recónditos se ocultan las bacterias que engordan y aseguran una eterna lozanía a estos chupasangres enemigos de la democracia.
En lo personal, lamento que esa izquierda activa y comprometida, que parece resistir con cierta coherencia los cantos de sirena del kirchnerismo, que se despliega en los barrios y que está muy cerca de nuestros comprovincianos más necesitados, se muestre incapaz de atacar la raíz del problema y de activar los mecanismos necesarios -pacíficos todos ellos- para promover una reforma profunda de unas normas y unas instituciones que han sido calculadamente diseñadas para expulsar al ciudadano común de la política.