La campaña electoral salteña es una caja de sorpresas. Algunas desagradables, otras menos, pero siempre con ese sesgo tan particular y localista que se empeña en despreciar las verdades y principios universales de la política. La denuncia de un candidato a diputado nacional cercano al gobierno de un "pacto" entre Olmedo, Zottos y Romero para "debilitar al gobierno de Urtubey", suena a catástrofe, a traición mayúscula, a felonía, a infamia.
Como argumento para causar un cierto alboroto está muy bien, pero como declaración política es francamente lamentable.
Porque sucede que debilitar al que gobierna es precisamente lo que se supone debe hacer la oposición; la real o, como en este caso, la simulada.
En los sistemas de gobierno parlamentario, la tarea de la oposición consiste en desplegar políticas y estrategias que conduzcan a restar apoyos parlamentarios al gobierno, y en hacerlo de forma permanente o continuada. No hay nada de malo en ello. Al contrario, lo malo sería no hacerlo.
En los sistemas presidencialistas, al no ser decisivo el apoyo parlamentario para el sustento del gobierno, la tarea de la oposición debe centrarse en intentar restar apoyo popular al gobierno para que éste pierda la confianza de los electores.
Tampoco hay nada de malo, de destituyente o de golpista en ello, especialmente cuando esta tarea de erosión se lleva a cabo inmediatamente antes de la celebración de elecciones; es decir, antes de que los ciudadanos electores sean llamados a votar.
Ni en los sistemas presidencialistas ni en los parlamentarios es conveniente que la oposición -salvo pacto de Estado o gobierno de concentración- renuncie a su rol opositor y al objetivo de debilitar al gobierno. Si las instituciones son fuertes, como se suponen que lo son en Salta, el gobierno no debe temer cuando la oposición cumple con su deber. Lo que ahora debe preocupar y hacer reflexionar al gobierno de Salta no es la tarea erosiva de la oposición sino la debilidad endógena que padece desde hace tiempo y que se traduce en ineficiencia y parálisis.
De modo que si lo que este candidato pretende es que en una campaña electoral la oposición, en vez de debilitarlo, fortalezca al gobierno, se equivoca. Lo que en todo caso está demostrando el candidato es que vive en un mundo irreal o que sueña con un régimen totalitario en el que desaparezca la oposición o su rol se limite al de simple adulador del gobierno.
Decir que la oposición pretende debilitar al gobierno porque "quiere que a Salta le vaya mal" es otra falacia argumental. A ningún salteño (sea opositor o no) le interesa que a Salta le vaya mal, incluidos Romero, Zottos y Olmedo, con todos y sus muy visibles defectos.
En todo caso, un opositor es aquel que piensa que a Salta le irá mejor si cambia el gobierno. Aunque se equivoque, es deber de todos respetar esta postura.
¿A quién deben representar los senadores nacionales?
Tampoco es muy inteligente que digamos sostener que el gobierno de Salta necesita senadores que "representen" su proyecto político o a su equipo de gobierno.Es absurdo, y contrario a la Constitución, sostener que los senadores nacionales deben ser poleas de transmisión de los intereses del gobierno provincial de turno o portavoces de una pequeña oligarquía de funcionarios, amigos o parientes, aunque así haya funcionado en la práctica durante los últimos treinta años.
Los senadores nacionales -a diferencia de los diputados, que representan al conjunto del pueblo de la Nación, desde La Quiaca hasta el Polo Sur- representan al Estado provincial salteño como unidad política que integra el Estado federal. Es decir, representan ese ente jurídico y político con 1.300.000 habitantes y 155.000 kilómetros cuadrados de superficie, del que el gobierno (o el poder, si se prefiere) es solo uno de sus componentes y no precisamente el más importante.
De modo que lo que en realidad postulan estas visiones es que los senadores nacionales, en lugar de ser elegidos por el voto directo (plural y complejo) de los ciudadanos electores, sean elegidos a dedo por los gobiernos de turno, pues solo en tal caso se alcanzaría la representación ideal y perfecta. Nada más absurdo y antidemocrático, por supuesto.
No nos equivoquemos. Quien vaya a representar a la Provincia de Salta en el Senado nacional lo decidirá el pueblo de Salta, de acuerdo a sus intereses, preferencias y deseos, no a los del gobierno.
Y da igual lo que en el futuro voten los senadores y si apoyan o no apoyan al gobierno nacional. Los electores no disponen de ningún mecanismo institucionalizado (como por ejemplo las consultas populares vinculantes) para obligar a un senador a votar en uno o en otro sentido; no hay forma de que sus mandatos sean revocados anticipadamente por incumplimiento de sus promesas o por desempeño infiel de la representación conferida. Ni siquiera los partidos que los han postulados pueden exigirles que abandonen su escaño.
Si el pueblo se equivoca al elegir, la única solución posible es intentar enmendar el error en la próxima elección.
Y la mejor forma de equivocarse, en este caso, en sostener que un candidato debe representar al grupo que gobierna.