Para mí, como para muchos, resulta poco creíble la tesis de que fue el Gobernador de Salta en persona quien mandó a aguaicar al Vicegobernador en plena calle. Pero ¿hasta qué punto el Gobernador es responsable del clima de violencia preelectoral que reina en Salta?
A mi juicio, su responsabilidad en este asunto es muy clara y difícil de eludir.
Aunque nuestro Gobernador de vez en cuando se disfraza de Ghandi, casi con la misma soltura con que se calza el traje de gaucho, no caben dudas de que la violencia -entendida en su sentido amplio y no circunscrita a un episodio puntual- es un fenómeno producido o amplificado por el discurso del poder.
Como afirma Foucault, aquel que tiene el poder del discurso también tiene el poder real y viceversa. En política, son las palabras, mucho más que los hechos, las que con más facilidad encienden los ánimos. De modo que cuando estalla la violencia -aun en episodios de baja intensidad- el Gobernador no puede mirar para otro lado. Y si lo hace, es muy difícil que pueda mantener la indiferencia por mucho tiempo.
La violencia social, que generalmente está basada en una corrupción extendida y en el abuso de poder, suele exacerbarse en tiempos de elecciones. Todo el mundo sabe eso.
Pero lo que no todos saben es que quien ejerce el poder -y posee, al mismo tiempo, el poder del discurso- tiene una responsabilidad mucho mayor que cualquier otro actor en la escena política y social: Una responsabilidad que en cualquier sociedad civilizada y madura se traduce en moderación, especialmente verbal.
El Gobernador de Salta no ha hecho mucho en este aspecto, ni parece capaz de hacerlo, porque su interés está focalizado de un modo obsesivo en ganar las elecciones a cualquier costo.
Sus palabras desmedidas, sus gestos destemplados y sus posturas desafiantes, unidas a la instrumentalización del Estado como herramienta al servicio de una parcialidad, hablan a las claras de que en los aledaños del poder existe una necesidad que es más fuerte que el diálogo, el consenso y la concordia que reclama la sociedad salteña.
Esa necesidad -moral y democráticamente injustificable- es la que está promoviendo en el seno de nuestra sociedad el enfrentamiento, abierto o embozado, del que anteayer hemos tenido solo una muestra.
La praxis del discurso del poder -aunque el Gobernador no la ejecute personalmente- es la violencia. De allí que su responsabilidad no se limite simplemente a ordenarle a la policía que controle y prevenga los actos violentos. Ni siquiera es suficiente condenar los episodios de violencia. Hace falta dar un paso más.
A mi modo de ver la culpa de lo que sucede en Salta no es exclusiva del gobierno, pues las fuerzas de la oposición, en su mayoría, comparten con aquel una común inclinación por la movilización pasional del electorado como garantía de participación democrática.
Ninguno ha reparado todavía que llevar las posiciones políticas a los extremos, excitando unos ánimos que debieran mantenerse calmos para lograr una elección más racional y más justa, provoca el efecto contrario, es decir, menos participación y menos calidad democrática.
Y no solo eso. También predispone a la violencia directa.