La «razón de Estado» es un principio filosófico en virtud del cual los gobiernos se reservan la potestad suprema de violar la ley y los derechos de los ciudadanos en nombre de un criterio superior, que normalmente no es otro que la salud y la fuerza del propio Estado. Al amparo de este principio -frontalmente contradictorio con el concepto moderno de Estado de Derecho- los poderes públicos acostumbran a sustraer del conocimiento ciudadano una cantidad importante de información, que muchas veces permanece oculta sin que una ley imponga a los funcionarios el deber de no divulgarla.
Si, en términos muy simples, somos capaces de entender la política como el conjunto de las acciones públicas de los hombres libres, no podemos entonces apartarnos de la idea de que el rasgo distintivo de cualquier actividad política es la publicidad de las acciones.
El secreto -incluso aquel que se impone por el interés nacional o la razón de Estado- es, por tanto, radicalmente incompatible con la actividad política, con los procedimientos políticos y, por tanto, con la libertad.
Así como lo personal y lo privado no pertenecen al ámbito de la política y no conciernen a ella las decisiones -normalmente muy trascendentes- que los hombres adoptan siguiendo los dictados de la fe o del amor, no hay ni puede haber en la política áreas reservadas, ni temas que deban permanecer ocultos al conocimiento de los ciudadanos, por delicados que estos sean.
La obligación de hacer públicos sus actos, de sacarlos a la luz, sin filtros ni maquillajes, no solo compete al gobierno sino también a la oposición política, cualquiera sea su nivel de organización y su potencial para ejercer el gobierno.
Pero si bien los ciudadanos tienen todo el derecho a conocer lo que hacen tanto uno como otros, este derecho es de alguna manera más intenso en relación con la actividad gubernamental, porque muchas veces los que gobiernan echan mano del secreto y del ocultamiento para evitar que los opositores conozcan sus movimientos y puedan anticiparse así a sus designios.
La publicidad de la política no es un tema precisamente banal sino más bien todo lo contrario; ya que por muy popular o muy democrático que sea un gobierno determinado, si no se permite la existencia de la oposición (aun cuando esta sea muy impopular) -como afirma Bernard Crick- el Estado puede ser libre, pero la condición de sus habitantes sigue siendo servil.
Los secretos del Concejo
Un concejal de la ciudad de Salta ha sido recientemente acusado de espionaje por haber tenido la osadía de grabar las sesiones de una comisión interna del Concejo Deliberante.Lo curioso es que el concejal en cuestión no recurrió al conocido método de Jerry Lewis -que solía abandonar temporalmente las reuniones en las que participaba, dejando sobre la mesa un maletín con una grabadora escondida en su interior, para comprobar luego cómo sus contertulios hablaban mal de él- sino que grabó los debates de cuerpo presente y a cara descubierta.
La grabación -esto es, la posibilidad de que lo tratado en las comisiones saliera a la luz pública- indignó a los concejales, que se sintieron espiados, estafados y vulnerados en su intimidad.
Esta reacción tan destemplada pone en duda dos cuestiones fundamentales: 1) la naturaleza genuinamente política de los asuntos que se ventilan en el Concejo Deliberante de Salta, y 2) el carácter político de aquellos concejales que se oponen a que sus diálogos y debates salgan a la luz pública.
Semejante arrebato de dignidad solo puede conducir a la conclusión de que algunos representantes electos de los vecinos de Salta aprovechan las sesiones públicas de las comisiones para trapichear, para negociar atajos ilícitos, para procurarse ventajas personales o partidarias o para chantajear a los ciudadanos libres.
En el mejor de los casos se podría llegar a pensar que nuestros concejales no quieren que trasciendan sus opiniones sobre algunos asuntos impopulares, porque no desean ver cómo retrocede su popularidad entre los votantes. Pero, de ocurrir así, se estarían olvidando de que la primera función de un responsable político es la de ejercer su cargo, asumiendo conscientemente el riesgo de la impopularidad.
«El político que no es capaz de soportar la impopularidad no es digno de ocupar el cargo», solía decir Winston Churchill.
El político, por la razón que sea, que no es capaz de decir en público lo que sostiene en privado; el que frente al abismo insondable de la verdad prefiere mandar a cortar los micrófonos y expresar su deseo de marcharse, más que un político es un peligro para la transparencia de las instituciones y una amenaza para la libertad de los ciudadanos.