Si bien en ninguna parte de la Constitución Argentina se exige que los legisladores nacionales tengan conocimientos de Derecho, difícilmente un ignorante absoluto en la materia pueda dedicarse con provecho y garantías a la delicada tarea de hacer las leyes que regirán nuestras conductas y que decidirán sobre nuestra libertad, nuestra propiedad y nuestro bienestar. Un ejemplo muy claro del peligro que para los derechos de los ciudadanos y la seriedad de las instituciones representa esta peculiar clase de ignorancia son las muy desafortunadas afirmaciones del diputado nacional por Salta, Alfredo Olmedo, en relación con la castración física y química de violadores, abusadores y pedófilos.
Si ya es un poco chocante que, en pleno receso legislativo y en pleno periodo vacacional, alguien organice una campaña para sacar adelante una reivindicación tan extravagante como ésta, mucha peor impresión produce conocer la "letra pequeña" de semejante iniciativa.
Sostiene el diputado Olmedo que su campaña apunta a que «se eleven las penas para los violadores» (Fuente Infobae.com), lo cual supone, en teoría, que el legislador pretende simplemente un aumento cuantitativo de la pena privativa de libertad que el Código Penal prevé para este tipo de delitos.
Pero la parte ridícula, la que deja al descubierto la crudeza de sus intenciones, viene a continuación: “Luego de la sentencia firme yo pido la castración física para los violadores y química para pedófilos y abusadores”, dijo Olmedo al mismo diario.
Incluso el menos avispado de los estudiantes de primer año de Derecho sabe que después de una sentencia penal condenatoria, firme y de cumplimiento efectivo, solo cabe la ejecución de la misma y la aplicación estricta de la pena prevista en la propia sentencia y no de otra pena diferente, de una pena suplementaria y mucho menos de una más grave.
Es decir, que si la "sentencia firme" de la que habla Olmedo no ha previsto la castración física o química del condenado, de ninguna forma admisible en Derecho podrá él conseguir que, después de juzgado el delito -como pretende- y establecida la responsabilidad penal, alguien disponga, además, la castración del condenado culpable.
Tal vez lo que quiere el diputado por Salta es inaugurar una nueva era en el Derecho Penal y conseguir despojar a las sentencias penales firmes de su autoridad de cosa juzgada. Quizá lo que persigue Olmedo es pasar a la historia de la ciencia jurídica como el inventor del principio non quinquies in idem.
En cualquier caso, su descabellada iniciativa apunta a que después de que las sentencias condenatorias sean pronunciadas por los jueces, una especie de "comité de moralidad ad hoc", las revise a su gusto y decida aplicar la castración como "superpena", obviamente, sin juicio y sin derecho de defensa.
Opiniones, peticiones o deseos como los del diputado Olmedo son más propios de una discusión de mostrador entre personas que llevan un buen rato libando, y no de un digno (y sobrio) representante del Pueblo de la Nación Argentina.