«Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros». Así lo establece el primer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, en la misma ciudad en que 159 años antes había visto la luz la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero de golpe, todo el edificio teórico de los Derechos Humanos, construido pacientemente durante más de dos siglos, ha caído como un castillo de naipes abatido por el viento.
El diputado nacional por Salta, y aliado potencial del gobernador Juan Manuel Urtubey, Alfredo Horacio Olmedo, le ha dado la vuelta al fundamento moral y filosófico de los Derechos Humanos, y resuelto, por las suyas, que eso de la dignidad intrínseca de todas las personas y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana es una peligrosa falacia en cuyos pliegues se ocultan casi todos los males conocidos de nuestra sociedad.
Muy suelto de cuerpo, Olmedo ha declarado solemnemente lo siguiente: "Los Derechos Humanos son para los humanos derechos, no para los torcidos".
Esta memorable afirmación, que no postula otra cosa que el que las personas que transgreden la Ley no deban gozar de ningún derecho (ni siquiera de los fundamentales, como el derecho a la defensa, a un juez imparcial o a un juicio justo), es gravísima, teniendo en cuenta que el señor Olmedo integra nada menos que una de las cámaras del Congreso Nacional, en donde reside la soberanía popular.
En casi tres décadas de vigencia ininterrumpida de la Constitución Nacional, ninguna persona con responsabilidad política (y casi ninguna sin ella) se había animado, hasta ahora, a reclamar abiertamente la negación absoluta de los derechos fundamentales para una clase de ciudadanos. Nadie fue capaz de llegar tan lejos.
Castración 'para todos'
Junto a su propuesta de privar de derechos a los "humanos torcidos", el temerario diputado salteño propone -y lo hace, paradójicamente, en nombre del derecho a la vida- la castración física de los violadores y la química para abusadores y pedófilos.Dice Olmedo que se trata de una solución humanitaria, por cuanto "la gente pide pena de muerte para los violadores". Y como él no está a favor de la muerte sino de la vida, considera más justo y tal vez menos cruel retroceder unos cuarenta siglos e instaurar una suerte de justicia retributiva para que el castigo penal se identifique plenamente con el crimen cometido.
Si lo dejan, en nombre del derecho a la vida, el recto y justiciero Olmedo en pocos años puede proclamar la irrestricta vigencia en la República Argentina de la Ley de Talión y dejar así un tendal de personas amputadas que, una vez expiado su castigo, no gozarán tampoco de ningún derecho, por aquello de haber nacido "torcidos".
Urge que la Cámara de Diputados de la Nación emita un contundente pronunciamiento de rechazo a estas repugnantes declaraciones y que los organismos públicos y privados que trabajan en la defensa de los Derechos Humanos exijan la inmediata dimisión o expulsión de Olmedo.