El diario El Tribuno de Salta publica hoy una noticia que, de ser cierta, pondría en evidencia que la Policía de Salta no solo se dedica a apalear sin razón ni motivo a las personas sino que también acostumbra a privarlas de su libertad, sin denuncia, sin orden judicial y sin estar en presencia de un delito flagrante. Dice la noticia que la madre de una menor de 13 años «denunció que su hija reconoció ayer por la noche en la peatonal Florida a un hombre de 59 años, quien en octubre pasado habría tratado de seducirla, corromperla haciéndose pasar por fotógrafo con la promesa de tomarle imágenes para salir en una revista. El sujeto la había invitado a su casa para una sesión de fotos y también aducía ser abogado».
Prosigue diciendo que la menor no accedió a la propuesta, pero que en aquella oportunidad «el sospechoso» (sic) la siguió varias cuadras mientras le decía que tenía buen aspecto físico para ser modelo.
Por supuesto, el diario no vacila en calificar al hombre como un pedófilo, sin que se hubiera formado contra él causa judicial alguna y sin que un perito psicólogo hubiese establecido la certeza de tal condición.
Pero lo más escandaloso es que, tras reconocer la menor al individuo que le efectuó una proposición fotográfica supuestamente indecente, su madre llamó a la Policía «y lo hicieron detener». En Salta, los fiscales están autorizados a decir que las niñas de 9 años tienen un cuerpo que puede ser objeto de deseo, pero cuando tal cosa es dicha por un falso fotógrafo, la respuesta es la cárcel.
Dice la noticia que el acusado intentó defenderse y escapar de la situación, como si a un pedófilo, por el solo hecho de serlo, le estuviera prohibido absolutamente el derecho de defensa. Una barbaridad.
La información señala también que el hombre adujo ser abogado de una fundación de mujeres y amenazó a los policías, pero que «no logró su cometido» (¿cuál cometido? ¿el de ser abogado de una asociación de mujeres?) y que «fue trasladado en un patrullero».
Finaliza la información diciendo que el depravado sujeto, una vez detenido, se encuentra a la espera de «consulta judicial» (una especie de limbo procesal en el que puede ocurrir cualquier cosa; desde la tortura y la sodomización, a la muerte).
También se dice que «el hecho está a caratular», lo cual también puede llevar años, ya que de la información del diario no se puede saber cuál es «el hecho»; es decir, cuál es el delito supuestamente cometido por este hombre.
Queda usted detenido. Ya veremos después de qué lo acusamos. Con estos códigos se maneja la Policía de Urtubey.
Del gatillo fácil a la privación de la libertad express
Salvo en Salta, donde todo parece posible, y en alguna dictadura bananera, ninguna policía del mundo detiene en la vía pública a una persona, por el solo hecho de ser señalado por la madre de una adolescente como la persona que le habría ofrecido hacerle fotos.Ninguna policía democrática y sujeta a procedimientos legales preestablecidos, actúa en casos como éste con tanto desparpajo, con tanta arbitrariedad, sin una investigación previa y sin orden judicial, teniendo en cuenta, además, que no existe aquí un delito en curso de ejecución.
Esta detención, en sí misma, es mucho más grave que la paliza al jugador de rugby, porque revela que la Policía de Salta -la misma que el gobernador Urtubey defiende como la más respetuosa de los Derechos Humanos- está presta y dispuesta a privar de la libertad no ya a los delincuentes que cometen delitos sino a gente de la que simplemente «se sospecha» que pueda llegar en algún momento a cometerlos.
La Policía de Salta cree a pie juntillas en el llamado Derecho Penal de Autor; esto es, en el castigo de las personas, no por sus acciones, sino por las características de su personalidad.
Es igualmente lamentable que la prensa se haga eco con tanta alegría de hechos bárbaros como éste y que califique de forma tan superficial a las personas colgándoles la etiqueta de «depravados» o «pedófilos» sin que al menos un perito lo hubiera así determinado.
Tal ligereza contribuye a difundir entre los ciudadanos la sensación de que la Policía en realidad no está para proteger a los ciudadanos de los actos delictivos cometidos por otros sino para encarcelar a las personalidades perversas, sean que éstas cometan o no delitos.
Con el mismo criterio operativo, mañana cualquier persona puede ser señalada en la calle como corruptor de menores, como ladrón, como secuestrador, como asesino o como genocida, que la Policía, para ahorrarse una investigación, lo que hará será detener inmediatamente a la persona señalada, prohibirle que se defienda y colocarla «a la espera de consulta judicial», por un «hecho a caratular».
Si este es el criterio con que se maneja la Policía de Urtubey, mejor será sincerarse y reformar la Constitución para que en su artículo 1º diga que todos los ciudadanos de Salta nacemos ya delincuentes (solo que «pendientes de carátula» ) y que nuestra natural condición es la de estar presos, salvo que la Policía de Salta -después de efectuada la correspondiente consulta judicial- decida al final que somos personas decentes.