El Gobernador de Salta ha defendido ayer, con la profundidad argumental que caracteriza a sus discursos, la designación, durante su primer mandato, de su hermano Facundo y de su esposa Ximena en el gobierno provincial. El argumento no puede ser más conmovedor: ninguno de los dos mencionados le ha costado un solo centavo al Estado; «absolutamente ni uno solo», ha dicho el mandatario en una entrevista de un canal de televisión.
Conmovedor pero no convincente, ya que su promesa de 2007 -tan aireada estos días- consistió en no designar en el gobierno a ningún miembro de su familia, con o sin sueldo público; es decir, como un gesto de decencia en el ejercicio del gobierno y como una señal en contra de la concentración del poder en el grupo familiar.
Aunque al Gobernador le moleste, su conducta en este aspecto no ha sido ni es muy diferente a la que durante años mostró su vilipendiado antecesor, el gobernador Juan Carlos Romero, quien a estas alturas -y cuesta decirlo- parece haberlo hecho incluso mucho mejor.
El problema no es, desde luego, ni la idoneidad técnica de los hermanos del Gobernador (fuera de cualquier discusión), ni su fortuna personal (dispar, según el propio mandatario), ni el sueldo que cobran o el que no cobran: Es la profunda degradación moral de un gobierno que decide abrir sus puertas al clan solo cuando el Gobernador se da cuenta de que es posible hacerlo sin que los salteños pongan el grito en el cielo. Y que además tiene el descaro de admitirlo públicamente.
La concentración del poder -de la que Juan Manuel Urtubey se declaró frontal enemigo en 2007- no requiere de conexiones directas y visibles con los presupuestos públicos; es decir, poco o nada tiene que ver con los cargos rentados. Tiene que ver con una voluntad consistente de controlar todos los mecanismos relacionados con el ejercicio de la potestad pública; y tiene que ver también con los beneficios que los designados (aun sin sueldo) obtienen del ejercicio de tal potestad y con la falta absoluta de control de estos beneficios.
El desquicio moral del Gobernador no está tan directamente relacionado con la presencia de familiares suyos en el organigrama del Estado como con esa voluntad -aparentemente muy firme- de no dejar sin tocar nada de lo que se pueda tocar; con esa decisión de establecer un circuito cada vez más fluido entre el ejercicio discrecional del poder y el manejo personal (o familiar) de las instituciones que ejercen los llamados controles horizontales del poder.
El argumento de que su hermano Rodolfo cobra ahora un sueldo del Estado «porque no tiene fortuna» es tan poco consistente que, en vez de exculpar al personaje, habla muy mal de la tan cacareada «vocación de servicio» de la familia.
El argumento de que los salteños lo eligieron en 2011 con un sustantivo plus de votos, «aun sabiendo que tenía un hermano en el gobierno», es profundamente inmoral desde el momento en que tergiversa de forma interesada la manifestación de voluntad de los ciudadanos de Salta.
«Ustedes sabían que yo ya tenía un hermano en el gobierno, así que si me votaron, todavía más, ahora se tendrán que aguantar que haga lo que me plazca». Éste es el mensaje que se desprende de las palabras de Urtubey y con el que deja al descubierto su verdadero calado ético.
Si realmente el Gobernador y sus hermanos no estuviesen, como lo están, embarcados en una descarada operación de concentración del poder, ésta es la hora en que la decencia afloraría en forma de una prudente y silenciosa distancia de los asuntos públicos, y en la que la falta de fortuna personal de alguno de aquellos no se solucionaría con un sueldo del Estado, sino con resignación, trabajo y esfuerzo.
Que no se confunda el Gobernador ni pretenda confundir a los salteños: Su intento de justificar lo injustificable degrada aún más la ya de por sí empobrecida moral de un gobierno sin rumbo y sin contenidos.