La noticia oficial dice así: "El Instituto Provincial de Vivienda, dependiente del Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos construye a ritmo acelerado la vivienda para N. y M. A. (en la noticia oficial se consignan los nombres completos), que padecen de ictiosis congénita y habitan en el Municipio de Rivadavia Banda Sur. Mediante un convenio rubricado el mes pasado entre el IPV y el Municipio de Rivadavia Banda Sur, se acordó la construcción de una vivienda perteneciente al programa 'Mi Casa' que se entregará en comodato a la familia A. y se edificará con fondos provinciales". Llama la atención, en primer lugar, que el gobierno de Salta haya divulgado con tanta ligereza los nombres y apellidos de dos niños menores de edad que padecen una grave enfermedad. La revelación de la identidad de los dos menores y la mención precisa de la patología que los afecta, resulta violatoria del derecho de intimidad de que gozan, como niños y como pacientes.
Es también llamativo que la información oficial no mencione en qué precepto legal se encuentra recogido el derecho de los niños o de su familia a que el gobierno les construya una vivienda gratis con fondos públicos. Tampoco se menciona la norma general o el acto administrativo particular que establce las condiciones en que los beneficiarios disfrutarán de la vivienda, en igualdad de derechos con otros habitantes del territorio provincial afectados por necesidades similares.
Una vivienda sanitaria 'especial'
Pero lo que sin dudas parece una burla al sentido común es la descripción de la casa está construyendo el IPV y la que el gobierno describe en su web oficial como una vivienda "adaptada a las necesidades y cuidado sanitario de los niños".Veamos, pues, cuáles son estas características tan "especiales".
La primera -atención a ésta- es que la casa estará ubicada "al lado del hospital, para mayor comodidad de la familia". Importantísima especialidad sanitaria, sin dudas.
La segunda, que la casa especial estará equipada con "ventanas herméticas con tela mosquera". Todo un reto arquitectónico para los profesionales del IPV, acostumbrados a construir casas con ventanas en falsa escuadra que a la vez son una especie de autopista de succión para los coleópteros y otros insectos alados.
La tercera: la casa "especial" tendrá "azulejos completos, cielorraso hermético de Durlock y piso cerámico". Las casas "normales" del IPV (las no adaptadas a necesidades sanitarias) al parecer llevan azulejos incompletos, un cielorraso-ducha que interpreta una sinfonía de goteras y el piso de tierra.
La cuarta: se colocará una cisterna de 200.000 litros "para la provisión permanente de agua para las necesidades de los menores". Las otras casas que el IPV construye en Rivadavia -al parecer- prevén la provisión de agua a través de la generosa lluvia de la región o de la captación directa del Pilcomayo.
La quinta: "la instalación eléctrica estará adaptada para el funcionamiento de dos equipos de aire acondicionado y la provisión de agua caliente será por medio de un termotanque". Obviamente, el IPV no instalará dos equipos de aire acondicionado, sino simplemente una vulgar llave térmica monofásica que soporte unos 3 KWh, que es lo que pueden llegar a consumir dos compresores rotativos funcionando al mismo tiempo.
De lo que se deduce que, una vez terminada, la casa, más que especial desde el punto de vista de la salud de sus moradores, será solo una casa decente, en donde sus ocupantes podrán combatir el frío y el calor, beber agua, cuidar de su higiene, guarecerse de la lluvia y luchar contra los insectos.
Es decir, que será una casa como la que debería tener cualquier salteño, sano o enfermo, con necesidades especiales o sin ellas.
¿Por qué unos sí y otros no?
Si esta es la justicia social o la "inclusión" que pregona Urtubey, habría que preguntarse por qué a una mujer salteña (1) afectada de pobreza profunda, (2) en gravísimo riesgo social, (3) desahuciada de su vivienda habitual, (4) alojada provisionalmente en un centro integrador comunitario, (5) con un hijo discapacitado gravemente enfermo y (6) una hija pequeña, el gobierno de Urtubey no le construyó una casa cuando la pidió. Y no solo que no le construyó la casa sino que, de forma inexplicable, interpuso contra esta mujer una demanda judicial para desalojarla del último lugar que le quedaba para vivir.¿No tienen esta mujer y sus hijos el mismo derecho que los niños enfermos de Rivadavia Banda Sur? ¿O es que acaso la pobre mujer de la ciudad de Salta y su hijo discapacitado no forman parte de ese electorado sensible que ungirá senador al hermanísimo del Gobernador?
La respuesta es que no tienen derecho, porque en Salta el que decide quién tiene una casa y quién no es el gobernador Urtubey, que cuando le pone un poco de empeño, sorprende al ancho mundo de las políticas sociales con maravillas arquitectónicas de esta calidad.