Con el escándalo a las puertas de su despacho y ante el riesgo de que la bola de nieve siga creciendo y rodando por la ladera, el Procurador General de la Provincia de Salta se ha visto obligado a oprimir el botón de pánico. Es decir, ha debido recurrir a sus aliados mediáticos para intentar una maniobra desesperada que consiste en instalar en la opinión pública la idea de que la precarización laboral, que lesiona la dignidad de cientos de profesionales al servicio del Ministerio Público y avergüenza a esta alta institución del Estado, es en realidad una "costumbre" instaurada por dos de sus predecesores en el cargo.
En concreto, se acusa a los exprocuradores Ramón Catalano y Aldo Rogelio Saravia (y, por elevación, al exgobernador Juan Carlos Romero) de haber creado en el ámbito del Ministerio Público la figura del "pasante", primero, y después la del régimen de "prácticas laborales", que, en conjunto, han permitido a aquel poder del Estado eludir de modo sistemático (y barato) las normas legales y constitucionales que protegen al trabajador público, incluidas las de seguridad social.
Según la defensa mediática de López Viñals, la culpa del embrollo la tienen las resoluciones 3296/2001 (firmada por Catalano) y la 4444/2004 (firmada por Saravia). Pero una investigación reciente llevada a cabo por el abogado Gonzalo Guzmán Coraita, director de Salta Transparente, ha puesto de manifiesto que quien utilizó en realidad con manga ancha la facultad de contratar a profesionales jóvenes, sin estabilidad y sin derechos laborales de ningún tipo, ha sido el actual Procurador General, Pablo López Viñals.
De la investigación de Guzmán, elaborada sobre documentos públicos solicitados al Procurador General en 2011, surge que bajo la presidencia de López Viñals -es decir, durante el gobierno de Urtubey- el número de "pasantes" del Ministerio Público de Salta se duplicó respecto del año 2004. Según la denuncia que una magistrada provincial presentó el mes pasado ante el Ministerio de Trabajo, los profesionales precarizados serían unos 200, mientras que en 2004 la cantidad de pasantes era de unos 30.
Es decir que López Viñals -que tranquilamente podía haber derogado las resoluciones de 2001 y 2004- no solo las aplicó con esplendidez, sino que las perfeccionó y las extendió hasta límites irrazonables. Así lo pone de relieve la investigación de Guzmán, que revela que el Procurador General, junto a la defensora Arellano y a la asesora Lapad, dictó la resolución 6621 de 12 de marzo de 2009, que flexibilizó aún más el régimen ilegal instaurado por Catalano y Saravia.
En efecto, mediante aquella resolución, López Viñals suprimió el límite de 30 años de edad para acceder a las pasantías o prácticas rentadas, y elevó de tres a cinco años el tiempo que debía transcurrir entre la obtención del título universitario y el acceso al empleo público precario.
La "reforma laboral" de López Viñals, inspirada en los manuales más ortodoxos del neoconservadurismo antiobrero, propició un extraordinario aumento de la plantilla de pasantes, practicantes y contratados. Una situación tan escandalosa, que el propio Colegio de Abogados y Procuradores de Salta ha debido salir a exigir un respeto a la dignidad laboral de estos profesionales.
A pesar de ello y cuando la sensatez aconsejaba una solución justa y razonada al problema planteado, el Procurador General no ha tenido mejor ocurrencia que mandar a su avanzadilla mediática a negar cualquier responsabilidad en la precarización y en la conculcación de derechos laborales básicos.
De paso, los ha mandado también a denostar a la corporación de los abogados, que más allá de sus aciertos y errores, solo ha reaccionado contra lo que es un ataque directo al decoro de la profesión y un intento de anular la dignidad de su ejercicio.
En suma, que el señor López Viñals ha convertido al Ministerio Público de Salta en una especie de paraíso laboral off-shore, una isla en donde coexisten magistrados con estabilidad absoluta, agentes permanentes y trabajadores precarizados, que muchas veces realizan el mismo trabajo. Es decir, ha convertido un bastión de defensa de la legalidad y tutela de los derechos subjetivos en el reino de la arbitrariedad y la discriminación.