El Ministro de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos del gobierno provincial Salta, señor Carlos Parodi, ha sorprendido a sus interlocutores al revelar algo que prácticamente nadie sabía: que entre las numerosas y variadas "políticas" del gobierno que integra se cuenta el trabajo contra la ilegalidad. Poco ha faltado para que el funcionario diga lo que los ministros del gobierno suelen decir en estos casos; es decir, que esta política de lucha contra la ilegalidad es producto de la decisión de nuestro benemérito y augusto Gobernador de la Provincia, doctor don Juan Manuel Urtubey y Mera.
Parodi es otro de los que habla desde el llamado «lado contable» de la realidad, y por tanto ingnora que los poderes públicos -todos, incluido el que él integra- están vinculados por el llamado principio de legalidad, que no solo les obliga a observar y aplicar la Ley en todas sus actuaciones, sino que también les obliga a luchar contra cualquier atisbo de legalidad.
Por tanto, la lucha contra "todo lo ilegal" no es una "política" ni nada sujeto a decisiones coyunturales o contingentes sino un deber anejo al ejercicio del cargo, por demás irrenunciable, aunque el «lado contable» lo ignore.
Lo que los ciudadanos esperan es que sus gobernantes, jueces y legisladores combatan la ilegalidad en todo momento y en todo lugar; que no se plieguen a los que vulneran la Ley y que apliquen o hagan aplicar las sanciones que todo apartamiento de la legalidad conlleva.
A ver si el señor Parodi quiere hacernos creer que tenemos que felicitarlo por su decisión, o la de su gobierno, de trabajar contra todo lo ilegal, cuando es su obligación hacerlo.