Aún no está muy claro cuál es la aportación concreta a la mejora de la seguridad de los salteños y a la eficacia en la lucha contra el crimen organizado que supone la presencia física del Ministro de Seguridad del gobierno provincial en cada uno de los operativos que realiza la Policía de Salta, especialmente en aquellos de más insignificante entidad. La decisión del señor Alejandro Cornejo D'Andrea de "salir a la calle" y acompañar a los policías a revisar si los motoristas llevan casco, si los kioscos venden bebidas alcohólicas sin autorización o si los coches circulan con algún faro quemado, no hace otra cosa que degradar la función ministerial hasta lo más bajo, sin añadir un plus de eficiencia o de seriedad a la actuación de la Policía.
No parece que los delincuentes se sientan más intimidados por el hecho de que la Policía aparezca acompañada en cada operativo menor por el joven ministro, sino más bien todo lo contrario.
Los ciudadanos comienzan a preguntarse si el ministro no tiene asuntos más importantes de qué ocuparse, en vez de dedicar sus noches a la contemplación de las menudencias delictivas de mínimo impacto social, mientras en las esquinas se masacra a gente sin piedad y por la ciudad circula la droga con insultante impunidad.
El hecho de que el ministro salga a "supervisar" a los policías de la más baja graduación provoca también un trastorno generalizado en los mandos policiales, pues, por razones que son fáciles de comprender, el Jefe de Policía -otro señor que está para las cosas importantes de la seguridad y no para las minucias- se ve obligado también a salir, cuando lo suyo es estar en el puesto de mando y no cuidándole las espaldas a un ministro alegre y completamente desorientado.
De los gobernantes se espera que gobiernen, así como de la Policía se espera que haga cumplir la ley y que respete la libertad de los ciudadanos, con la misma energía con que combate a quienes agreden a la sociedad. Pero una misión no debe confundirse con la otra.
El cargo que ocupa el señor Cornejo D'Andrea tiene un rango, una importancia y una autoridad que no se puede poner en juego por las veleidades demagógicas de una persona. Los ciudadanos merecen un respeto y también lo merecen los policías, a quienes se debería dejar hacer su trabajo tranquilos, sin presiones ni tutelajes innecesarios.